La controversia de Valladolid

La controversia de Valladolid es uno de los episodios más extraños de la historia de los imperios. En abril de 1550 el emperador Carlos V, señor del mayor imperio del mundo, mandó suspender todas las nuevas conquistas en América hasta que un grupo de teólogos y juristas le dijera si eran justas y de qué manera debían hacerse. Ningún otro imperio de la época, ni antes ni después, sometió su expansión a un examen así. El debate que siguió, entre fray Bartolomé de las Casas y el humanista Juan Ginés de Sepúlveda, se ha contado tantas veces y con tantas licencias que conviene separar lo que se sabe de lo que se ha inventado. La invención más famosa es que se discutía si los indios tenían alma.

La pregunta de fondo llevaba medio siglo abierta. La Corona justificaba su dominio en América con las bulas de Alejandro VI de 1493, que habían concedido las tierras descubiertas a los Reyes Católicos con la obligación de evangelizarlas. Desde el sermón de Antonio de Montesinos en La Española, en 1511, los dominicos venían denunciando que la conquista y la encomienda eran incompatibles con esa misión. En 1539 Francisco de Vitoria, catedrático de Salamanca, había sostenido en su Relectio de Indis que ni el papa ni el emperador eran señores del mundo, que los indios eran verdaderos dueños de sus tierras y sus gobiernos, y que solo algunos títulos muy concretos podían justificar una guerra contra ellos. Las Leyes Nuevas de 1542 habían intentado acabar con la encomienda hereditaria y provocaron una rebelión de los encomenderos en el Perú.

En ese clima, Sepúlveda, cronista del emperador y traductor de Aristóteles, escribió hacia 1544 un diálogo en latín, el Demócrates segundo, que defendía la justicia de la guerra contra los indios. Pidió licencia para imprimirlo, y las universidades de Salamanca y Alcalá, consultadas por el Consejo, la denegaron. Las Casas, antiguo encomendero convertido en fraile dominico y obispo de Chiapas hasta ese mismo año, llevaba años luchando en la corte contra esas tesis. La junta que convocó el emperador la formaban unos quince miembros, entre ellos los teólogos dominicos Domingo de Soto, Melchor Cano y Bartolomé Carranza y varios juristas de los consejos de Indias y de Castilla. Se reunió en el colegio de San Gregorio en dos sesiones, en agosto y septiembre de 1550 y en abril y mayo de 1551.

Sepúlveda habló primero, unas tres horas, resumiendo su libro. Sus argumentos eran cuatro. Los indios cometían pecados contra la ley natural, como la idolatría y los sacrificios humanos, que autorizaban a castigarlos. Por su rudeza eran, en el sentido del primer libro de la Política de Aristóteles, siervos por naturaleza, y les convenía ser gobernados por pueblos más prudentes. Había que salvar a los inocentes que morían en los sacrificios. Y la guerra allanaba el camino a la predicación. Las Casas contestó leyendo durante cinco días su Apología, un tratado en latín de varios cientos de páginas, hasta agotar a los jueces. Domingo de Soto redactó un resumen de las dos posturas, Sepúlveda respondió con doce objeciones y Las Casas con doce réplicas.

Aquí está el punto que suele deformarse. Nadie en Valladolid discutió si los indios eran seres humanos o si tenían alma. Eso lo había zanjado para la Iglesia el papa Paulo III en 1537, en la bula Sublimis Deus, que declaraba que los indios eran «verdaderos hombres» capaces de recibir la fe y que no podían ser privados de su libertad ni de sus bienes. Sepúlveda no lo negaba. Lo que discutía era una cuestión jurídica: si había causas justas para hacerles la guerra antes de predicarles, y si su supuesta inferioridad cultural daba a los españoles derecho a gobernarlos. Las Casas respondía que la única vía legítima era la predicación pacífica, que los pueblos de América tenían gobiernos, ciudades y leyes propias y que la idea aristotélica de la servidumbre natural no podía aplicarse a naciones enteras. Era un debate sobre el derecho de gentes, el antecedente del derecho internacional.

La junta no dictó sentencia. Los jueces debían entregar sus votos por escrito y muchos tardaron años en hacerlo; varios votos se han perdido, y los conservados no dan una conclusión común. Cada uno de los dos contendientes se proclamó vencedor. Las Casas imprimió en Sevilla, en 1552, el resumen de Soto con las objeciones y réplicas, dentro de una serie de tratados que incluía también la Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Sepúlveda nunca consiguió publicar el Demócrates segundo en España, y el texto solo se imprimió en 1892.

¿Sirvió de algo? La respuesta honrada es que sirvió menos de lo que querría Las Casas y más de lo que suele creerse. Las conquistas se reanudaron. Pero en 1573 Felipe II promulgó unas ordenanzas de nuevos descubrimientos y poblaciones que prohibían usar la palabra «conquista» y ordenaban sustituirla por «pacificación», y que exigían intentar la predicación y los tratos pacíficos antes de cualquier uso de la fuerza. Se puede leer como un cambio de vocabulario para seguir haciendo lo mismo, y en buena medida lo fue, pero también como la prueba de que los argumentos de Vitoria y Las Casas habían entrado en la ley.

La versión que muchos conocen hoy procede de una novela y una película francesas de 1992, La controversia de Valladolid, de Jean-Claude Carrière. Es una obra valiosa como reflexión, pero inventa casi todo el marco: un legado papal que preside la junta, la pregunta de si los indios tienen alma, unos indígenas traídos a la sala para comprobar si ríen y lloran, y al final un veredicto que traslada la esclavitud a los africanos. Nada de eso ocurrió. Lo que sí ocurrió es, en cierto modo, más notable: que un emperador detuviera su propio imperio para escuchar durante semanas a dos intelectuales discutir si tenía derecho a existir.

Encomienda – Esclavismo – El intercambio colombino – Iusnaturalismo – Igualdad ante la ley – Núremberg y el principio de legalidad – La donación de Constantino y Lorenzo Valla