La antropología del conflicto en las ciudades

La antropología del conflicto en las ciudades estudia cómo se vive la violencia política, la criminal y la simbólica en el espacio urbano: los barrios divididos por una frontera, los muros que separan a vecinos, las zonas donde manda un grupo armado, el miedo que reorganiza la ciudad entera. Se distingue de la ciencia política y de la criminología por su método, que es el de la etnografía: no mide la violencia desde fuera con estadísticas de muertos, sino que se instala durante años en los lugares donde ocurre y pregunta qué significa para quienes la hacen, la sufren o la esquivan. Y ese método ha desmontado, uno tras otro, varios supuestos que parecían de sentido común.

El primero es que la violencia urbana es desorden, la ruptura de las reglas. El segundo, que un muro entre dos grupos enfrentados trae paz. El tercero, que el miedo al delito es una respuesta proporcionada al delito. El cuarto, que el Estado es lo contrario de la violencia armada y no uno de sus actores. Ninguno salió intacto del trabajo de campo.

Belfast es el laboratorio clásico. Cuando en agosto de 1969 los enfrentamientos entre católicos y protestantes quemaron calles enteras, el ejército británico levantó barreras provisionales de alambre y chapa entre los barrios del oeste de la ciudad. Se las llamó con ironía peace lines, líneas de paz. No se retiraron: se hicieron de ladrillo, luego de hormigón y acero, y después más altas. A mediados de la década de 2010 se contaban alrededor de un centenar de estructuras entre muros, vallas y puertas que se cierran por la noche, y muchas se habían construido o alargado después de los altos el fuego de 1994 y del acuerdo de paz de 1998. En 2013 el Gobierno de Irlanda del Norte se comprometió a retirarlas todas antes de 2023. Llegada esa fecha, casi todas seguían en pie.

La razón no es solo la inercia administrativa. Las encuestas que el equipo de Cathy Gormley-Heenan, Jonny Byrne y Gillian Robinson hizo entre los vecinos que viven junto a los muros dieron un resultado incómodo: la mayoría quería que desaparecieran algún día, pero pocos querían que fuera ya, porque los muros les daban una seguridad que no esperaban obtener de otro modo. El muro, construido como medida temporal contra la violencia, se había convertido en una infraestructura del miedo que se justificaba a sí misma.

El antropólogo Allen Feldman entrevistó durante años a paramilitares republicanos y lealistas, y a presos de ambos bandos, para Formations of Violence (1991). Su hallazgo central es que la violencia de Belfast no era un estallido de odio ciego, sino un sistema con reglas espaciales precisas. Había interfaces, lugares de contacto entre barrios, donde se concentraban los ataques; y había santuarios, el interior profundo de cada barrio. El asesinato sectario elegía a su víctima por la dirección, no por lo que hubiera hecho: el cuerpo de un vecino del otro lado se convertía en el mensaje. Esa lógica explica por qué los muros siguen en pie. Protegen, pero también fijan para siempre el mapa que la violencia dibujó.

Otras ciudades comparten el patrón. Jon Calame y Esther Charlesworth compararon cinco ciudades partidas, Belfast, Beirut, Jerusalén, Mostar y Nicosia, y encontraron una secuencia que se repite: una frontera informal que nace de la violencia, una barrera oficial que la congela como solución de urgencia, y una economía y una memoria que acaban organizándose alrededor de ella. En Nicosia, la línea verde se trazó en 1963 sobre un mapa, según la tradición con un lápiz de ese color, y desde 1974 separa la ciudad griega de la turca bajo vigilancia de la ONU. El paso de la calle Ledra, en el corazón comercial de la ciudad vieja, no se abrió hasta 2008.

El segundo supuesto que la etnografía desmontó es que el miedo sigue al delito. Teresa Caldeira estudió São Paulo entre finales de los años ochenta y los noventa, cuando los homicidios crecían, y se fijó en algo que llamó el habla del crimen: las historias que la gente contaba una y otra vez sobre asaltos, propios o ajenos. Esas historias no solo transmitían información. Ordenaban el mundo en categorías simples, separaban a la gente decente de la peligrosa, que coincidía casi siempre con los pobres, los negros y los emigrantes del nordeste, y justificaban las medidas que se tomaban después: muros más altos, guardias privados, calles cerradas.

El resultado fue lo que Caldeira llamó enclaves fortificados: urbanizaciones cerradas, centros comerciales y torres de oficinas que se aíslan de la calle y seleccionan quién entra. Las clases medias y altas se retiraron del espacio público, y esa retirada lo hizo más vacío y más peligroso, lo que a su vez confirmaba el miedo. En City of Walls (2000) Caldeira sostiene que la segregación resultante era más dura que la del modelo anterior de centro rico y periferia pobre, porque ricos y pobres vivían ahora cerca, separados por muros y cámaras. La foto de São Conrado junto a la Rocinha, en Río, es la imagen de ese modelo.

El tercer supuesto, que la violencia es falta de orden, cayó en las etnografías sobre los barrios con más homicidios. Philippe Bourgois vivió varios años en East Harlem, en Nueva York, a finales de los ochenta, y pasó miles de horas con vendedores de crack puertorriqueños. In Search of Respect (1995) describe la violencia como una forma de construir reputación en una economía donde el empleo legal ofrecía humillación a cambio de salarios bajos. Elijah Anderson, en Filadelfia, reconstruyó el código de la calle: un conjunto de reglas no escritas sobre cómo mirar, cómo responder a una ofensa y cuándo pegar, que incluso las familias que lo detestaban tenían que conocer para sobrevivir. Y en Chicago, Robert Sampson y sus colegas midieron en 1997 algo que los etnógrafos venían describiendo: la violencia bajaba donde los vecinos confiaban unos en otros y estaban dispuestos a intervenir, lo que llamaron eficacia colectiva, más que donde había más policía.

Loïc Wacquant añadió una advertencia comparativa. Tras estudiar el gueto negro del South Side de Chicago y la banlieue obrera de La Courneuve, junto a París, en Urban Outcasts (2008), concluyó que los dos lugares se parecían mucho menos de lo que decía la prensa francesa. El gueto norteamericano era el producto de la retirada del Estado; la banlieue seguía llena de servicios públicos, pero cargaba con un estigma territorial que convertía la dirección postal en un obstáculo para encontrar trabajo. Confundir los dos casos llevaba a importar diagnósticos y políticas equivocadas.

El cuarto supuesto, que el Estado está fuera de la violencia, lo desmontó el trabajo en las ciudades latinoamericanas. En las favelas de Río de Janeiro, Enrique Desmond Arias mostró que los traficantes no gobernaban en un vacío estatal, sino a través de redes que los unían con líderes vecinales, políticos que necesitaban votos y policías que cobraban por no entrar. La violencia no era el fracaso de esas redes; era una de sus formas de funcionar. Las Unidades de Policía Pacificadora, que desde 2008 ocuparon decenas de favelas, redujeron los tiroteos en sus primeros años, pero muchas acabaron devolviendo el poder a grupos armados cuando se retiró el dinero.

Medellín es el caso más estudiado, y el más ambiguo. La ciudad que a comienzos de los noventa tenía una de las tasas de homicidio más altas del mundo la redujo drásticamente en la década siguiente. Un estudio de Magdalena Cerdá y sus colegas, publicado en 2012, comparó los barrios servidos por el Metrocable con otros parecidos que no lo tenían, y encontró que en los primeros la caída de los homicidios había sido bastante mayor. Pero los etnógrafos recuerdan que el descenso coincidió con la operación militar Orión de 2002 en la Comuna 13, con la desmovilización de los paramilitares y con la hegemonía de una sola organización criminal sobre el negocio. Parte de la paz de Medellín fue arquitectura y transporte; otra parte fue el monopolio de la violencia en otras manos.

Lo que une estos trabajos es una conclusión de método: la violencia urbana nunca es solo un problema de seguridad que se resuelve con más muros o más policía, porque los muros, la policía y el miedo forman parte del sistema que la produce. Manuel Delgado ha insistido en que el espacio público es conflictivo por naturaleza, y en que el ideal de una calle sin conflicto se parece más a un programa de control que a uno de convivencia. La tarea de la antropología no es desear que el conflicto desaparezca, sino entender qué forma toma en cada lugar y quién paga su precio. Véase también la antropología urbana, sobre la tradición de la que nace esta rama, y la victimización, sobre cómo se mide la violencia desde quien la sufre.

Antropología política – Segregación residencial – Gentrificación – Conflictividad – Estallido de un conflicto – Justicia transicional