Las cifras de la Inquisición española

Las cifras de la Inquisición española han sido durante dos siglos un campo de batalla antes que un dato. El tribunal funcionó desde 1480 hasta su abolición definitiva en 1834, y la pregunta de cuántas personas mató se ha respondido con números que van de unos pocos miles a más de treinta mil, según quién contara y para qué. Hoy existe una respuesta razonable, con márgenes de error conocidos, y se debe a un trabajo de archivo muy concreto realizado en los años setenta. Pero la respuesta tiene dos lecturas, y las dos son incómodas para quien llegue buscando una sola.

La cifra alta la fijó Juan Antonio Llorente, que conocía el tribunal por dentro: había sido secretario de la Inquisición de Corte entre 1789 y 1791. Afrancesado, recibió de José Bonaparte acceso a los archivos tras la supresión napoleónica de 1808 y, exiliado en París, publicó en 1817 y 1818 su Histoire critique de l’Inquisition d’Espagne. Allí da 31.912 relajados en persona, es decir, entregados al brazo secular para ser quemados; 17.659 quemados en efigie y 291.450 penitenciados, entre 1481 y 1808. El libro circuló por toda Europa y sus números se convirtieron en los de referencia durante un siglo.

El problema de Llorente no era la falta de documentos sino el método. Donde tenía datos parciales de un tribunal para unos años, los extrapolaba a todos los tribunales y todos los años, y en especial proyectó sobre tres siglos las tasas de la represión de los primeros tiempos, que fueron con mucho las más altas. Henry Charles Lea, el gran historiador estadounidense del tribunal, nada sospechoso de simpatía hacia él, criticó esas cifras en 1906 como arbitrarias, y se negó a proponer otras porque los archivos que conocía no lo permitían. Durante décadas no hubo alternativa: solo la cifra de Llorente y, en respuesta, la apologética que empezó con La leyenda negra de Julián Juderías en 1914 y que tendía a negar sin contar.

La salida vino de una fuente que nadie había explotado en serie. Desde mediados del siglo XVI, cada uno de los tribunales de distrito enviaba a la Suprema, el consejo central de Madrid, una relación anual de las causas despachadas, con el nombre del reo, el delito y la sentencia. Esas relaciones de causas se conservan en buena parte en el Archivo Histórico Nacional. En 1972 el historiador danés Gustav Henningsen y el español Jaime Contreras empezaron a vaciarlas de forma sistemática, y en 1986 publicaron el resultado: para el periodo 1540-1700 y los veintiún tribunales, 44.674 causas registradas, con 1.604 sentencias de muerte, de las que 826 se ejecutaron en persona y 778 en efigie. Menos del dos por ciento de los procesados acabó en la hoguera.

Esa cifra hay que leerla con sus límites, que los propios autores señalaron. Las series tienen huecos de años enteros; Henningsen calculó que, rellenándolos con medias, el total de causas del periodo rondaría las 87.000. Y, sobre todo, el periodo que cubren deja fuera lo peor. Las primeras décadas, de 1480 a 1530, fueron las de la persecución masiva de judeoconversos acusados de judaizar, y de ellas se han perdido casi todos los procesos. Las estimaciones para esos cincuenta años se basan en crónicas y relaciones de autos, y divergen mucho: Henry Kamen habla de unas dos mil ejecuciones; William Monter, de unas mil quinientas antes de 1530; Jean-Pierre Dedieu, a partir de Toledo, ha sostenido cifras más altas y calcula que cuatro quintas partes de todas las ejecuciones cayeron antes de 1510.

Con esos elementos, las estimaciones actuales para toda la historia del tribunal se mueven entre unas tres mil ejecuciones, en las cuentas de Kamen y Monter, y un máximo del orden de diez mil en las de Dedieu o Joseph Pérez. Todas quedan muy por debajo de Llorente, y todas coinciden en la forma de la curva: un comienzo feroz, una larga meseta de actividad intensa y castigos casi siempre no capitales, y una decadencia en el siglo XVIII. Comparada con la caza de brujas centroeuropea o con las guerras de religión francesas, la Inquisición española mató a menos gente. Comparada con otros tribunales de su época, tampoco torturaba más; a menudo, menos.

Aquí está la segunda lectura, la que la corrección de las cifras suele esconder. Que la mayoría de los procesados no muriera no quiere decir que la mayoría saliera indemne. La confiscación de bienes arruinaba a familias enteras; la infamia pasaba a los descendientes, que quedaban inhabilitados para cargos y oficios; el sambenito colgado en la iglesia con el nombre del reo mantenía viva la marca durante generaciones; la delación anónima y el secreto del proceso hacían que cualquiera pudiera ser acusado sin saber por quién. La Inquisición no gobernaba por el número de muertos sino por el miedo difuso que producía, y eso no lo mide ninguna estadística de sentencias.

Cuando en 1998 el Vaticano convocó un simposio internacional sobre la Inquisición y, en su presentación de las actas en 2004, se citó que en España solo el 1,8 % de los procesados fueron ejecutados, parte de la prensa lo leyó como un intento de minimizar. El dato era correcto y procedía de Henningsen y Contreras. La reacción mostraba, sin embargo, que la pregunta nunca había sido solo cuántos murieron. El caso de las cifras de la Inquisición sirve como lección de método en las dos direcciones: los números inflados de Llorente demuestran que tener acceso a los archivos no basta si se extrapola sin control, y los números corregidos demuestran que un recuento honrado de las condenas a muerte no agota lo que un tribunal hizo con una sociedad.

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