Salazar Frías y las brujas de Zugarramurdi

Alonso de Salazar Frías fue el más joven de los tres inquisidores del tribunal de Logroño cuando, en 1609, el Santo Oficio abrió el mayor proceso por brujería de la historia de España, el de Zugarramurdi y la montaña de Navarra. Firmó con sus colegas el auto de fe de noviembre de 1610, que llevó a la hoguera a seis personas y quemó en efigie a otras cinco. Dos años después entregó a la Suprema un informe que concluía que no había hallado prueba de un solo acto de brujería real, y logró que la Inquisición española cambiara sus reglas. Suele contarse como la historia de un hombre ilustrado en un siglo oscuro. Es más interesante como la historia de un método: Salazar no dejó de creer en el diablo, simplemente exigió pruebas y comprobó que no las había.

El caso empezó a finales de 1608 con una muchacha, María de Ximildegui, que volvía a Zugarramurdi después de trabajar en Ciboure, al otro lado de la frontera, y contó que allí había sido bruja y que había visto en el aquelarre a vecinas del pueblo. La acusación prendió en una comunidad pequeña: hubo confesiones públicas en la iglesia, reconciliaciones y, cuando llegó la noticia a Logroño, detenciones. Al norte de los Pirineos, mientras tanto, el juez Pierre de Lancre recorría el Labort con una comisión del rey de Francia y mandaba a la hoguera a decenas de personas. La frontera era porosa para la gente y también para el pánico.

El tribunal de Logroño trabajó con un marco que no era suyo sino de la demonología culta: el aquelarre como secta organizada, con pacto con el demonio, vuelos nocturnos, ungüentos, profanación de sacramentos y asesinato de niños. Las confesiones de los acusados de Zugarramurdi encajaban en ese modelo con una precisión que a los inquisidores les pareció concluyente y que a un lector de hoy le parece lo contrario: cuando decenas de personas describen lo mismo con las mismas palabras, lo más probable es que alguien les haya dado las palabras. El auto de fe se celebró en Logroño los días 7 y 8 de noviembre de 1610. De los treinta y un acusados de brujería que salieron, seis fueron quemados vivos por no confesar y cinco en efigie, porque habían muerto en la cárcel. Salazar, según se supo después, votó en contra de las condenas a muerte.

Lo que ocurrió después del auto es lo que distingue este caso. En lugar de apagar el fuego, la ceremonia lo extendió: la lectura pública de las confesiones difundió por toda la montaña el guion completo del aquelarre, y los predicadores enviados a combatir la brujería hablaban de ella en cada pueblo. Aparecieron cientos de nuevos confesos, muchos de ellos niños. En marzo de 1611 el inquisidor general, Bernardo de Sandoval y Rojas, promulgó un edicto de gracia —perdón a quien se confesara voluntariamente— y encargó a Salazar recorrer la zona para aplicarlo. Entre mayo de 1611 y enero de 1612 Salazar reconcilió a 1.802 personas, de las que la mayoría eran niños y adolescentes.

Y en ese recorrido hizo lo que nadie había hecho: comprobar. Mandó examinar a boticarios los ungüentos y polvos que los acusados entregaban como materia de sus vuelos, y resultaron ser mezclas inofensivas o simple grasa. Cotejó las declaraciones de quienes decían haber estado en el mismo aquelarre a la misma hora, y no coincidían ni en el sitio ni en los asistentes. Envió a sus secretarios a los lugares de reunión que se describían con detalle, y no había rastro de nada. Tomó nota de los que se retractaban en privado de lo que habían confesado en público, porque tenían miedo o porque sus vecinos los habían presionado. Y dejó constancia de que muchas confesiones infantiles repetían, casi palabra por palabra, lo que los niños habían oído en los sermones.

El informe que Salazar presentó el 24 de marzo de 1612 es un documento de una modernidad que asombra. No niega la posibilidad teológica de la brujería, que habría sido herejía; afirma que no ha encontrado «certidumbre ni aun indicios» de un solo acto real, y propone una explicación que es sociológica antes de que existiera la palabra: «no hubo brujos ni embrujados en el lugar hasta que se comenzó a tratar y escribir de ellos». El humanista Pedro de Valencia había enviado a Sandoval en 1611 un discurso en la misma línea, que atribuía los relatos a la ilusión, a las drogas o a la enfermedad. Los otros dos inquisidores de Logroño se opusieron con todas sus fuerzas. La Suprema dio la razón a Salazar.

El 29 de agosto de 1614 la Suprema dictó unas instrucciones nuevas para los casos de brujería, que recogían casi todas sus propuestas: exigir pruebas externas y no solo confesiones, desconfiar de las acusaciones entre vecinos, no dar publicidad a los detalles, tratar a los confesos con clemencia. El efecto fue enorme. En las décadas siguientes, mientras en los obispados alemanes de Wurzburgo y Bamberg se quemaba a cientos de personas, la Inquisición española prácticamente dejó de ejecutar a nadie por brujería. Los tribunales civiles y los señoríos de otros reinos siguieron otras reglas, y en Cataluña, donde la justicia secular actuaba por su cuenta, hubo ejecuciones que la Inquisición no controló.

Salazar fue un inquisidor, y conviene no hacerle un retrato anacrónico. Juzgó, votó y firmó en un tribunal que quemaba personas, y su escepticismo tenía límites teológicos que él mismo marcó. Lo que lo hace valioso para cualquiera que investigue hoy un pánico colectivo es el procedimiento, que no ha envejecido: separar la confesión de la prueba, comprobar lo comprobable, fijarse en cómo circula el relato antes de juzgar lo que cuenta. Gustav Henningsen, que reconstruyó el caso en los archivos durante veinte años, le llamó «el abogado de las brujas». Él probablemente habría preferido que le llamaran solo lo que fue, un juez que miró.

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