La reforma constitucional en España

La reforma constitucional es el procedimiento para cambiar el texto de una constitución. Las constituciones que, como la española de 1978, exigen para reformarse mayorías y trámites más difíciles que los de una ley ordinaria se llaman rígidas: la idea es que las reglas básicas de la convivencia no dependan de la mayoría de turno. La española ha cambiado tres veces en casi medio siglo, y siempre en puntos concretos. En ese tiempo, la Ley Fundamental alemana se ha reformado más de sesenta veces.

La Constitución dedica a su propia reforma el título X, con cuatro artículos. Pueden proponer una reforma el Gobierno, el Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos; la iniciativa popular, que sirve para las leyes, aquí no está permitida. A partir de ahí hay dos caminos según qué parte se quiera tocar.

El procedimiento ordinario del artículo 167 sirve para la mayoría de los artículos. Exige que el texto se apruebe por tres quintos del Congreso, es decir, 210 diputados, y por tres quintos del Senado. Si las cámaras no se ponen de acuerdo, una comisión paritaria de diputados y senadores busca un texto común; si tampoco así se logra, basta con dos tercios del Congreso siempre que el Senado lo haya aprobado por mayoría absoluta. Aprobada la reforma, una décima parte de los miembros de cualquiera de las dos cámaras puede pedir en quince días que se someta a referéndum. Si nadie lo pide, entra en vigor sin consulta.

El procedimiento agravado del artículo 168 protege el núcleo de la Constitución: el título preliminar, donde están la soberanía nacional, la forma de Estado y la unidad de España; los derechos fundamentales y libertades públicas de la sección primera del capítulo segundo del título I, y el título II, sobre la Corona. También se aplica a una revisión total. Hace falta aprobar el principio de la reforma por dos tercios de cada cámara, disolver inmediatamente las Cortes, que las nuevas cámaras lo ratifiquen, aprobar el texto por dos tercios en cada una y someterlo a referéndum obligatorio. Es tan exigente que nunca se ha usado, y por eso muchos juristas lo consideran una cláusula de intangibilidad de hecho: cambiar la sucesión a la Corona o el catálogo de derechos fundamentales exigiría pasar dos veces por las urnas. El artículo 169 añade un último límite: no se puede iniciar una reforma en tiempo de guerra ni bajo los estados de alarma, excepción o sitio.

Las tres reformas hechas siguieron el procedimiento ordinario y ninguna pasó por referéndum. La de 1992 añadió dos palabras al artículo 13.2, «y pasivo», para que los ciudadanos de la Unión Europea pudieran ser candidatos en las elecciones municipales, como exigía el Tratado de Maastricht. La de 2011 reescribió el artículo 135 para introducir la estabilidad presupuestaria y la prioridad absoluta del pago de la deuda; la pactaron el PSOE y el PP en pleno verano, en plena crisis de la deuda, y se tramitó en unas semanas por el procedimiento de urgencia, con las protestas de los partidos pequeños, que no reunieron las firmas necesarias para forzar el referéndum. La de 2024 cambió el artículo 49 para sustituir la palabra «disminuidos» por «personas con discapacidad» y reforzar su protección. Las tres tienen algo en común: contaron con el acuerdo de los dos grandes partidos, porque ninguno de ellos ha tenido nunca por sí solo los tres quintos de las dos cámaras.

Esa es la cuenta que importa en la última propuesta. El 26 de octubre de 2026, en un mitin en Gijón, Pedro Sánchez prometió que, si sigue gobernando, reformará la Constitución para blindar las pensiones y su revalorización con el IPC. Hoy el artículo 50 obliga a los poderes públicos a garantizar «pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas», pero no dice con qué índice. La subida con el IPC la fija una ley, la Ley 21/2021, que recuperó la revalorización anual según la inflación media. Subir esa regla a la Constitución no cambiaría lo que cobra hoy ningún pensionista, pero obligaría a una nueva reforma constitucional para cambiarla, en lugar de una ley aprobada por mayoría simple.

El artículo 50 está en el capítulo tercero del título I, entre los principios rectores de la política social y económica, de modo que bastaría el procedimiento ordinario. Aun así, los tres quintos del Congreso y del Senado exigen el apoyo del PP. Los críticos de la propuesta recuerdan además el riesgo de llevar fórmulas económicas a la Constitución: si la inflación se dispara, una regla fijada en el texto constitucional no se puede ajustar por ley, y la reforma del artículo 135 se aprobó precisamente para atar a los gobiernos a una regla fiscal que no pudieran cambiar a su gusto.

Las reformas pendientes que se discuten desde hace años muestran la misma dificultad. La sucesión a la Corona todavía da preferencia al varón sobre la mujer, aunque con la princesa Leonor como heredera la cuestión ha perdido urgencia; el Senado sigue sin ser la cámara territorial que la Constitución dice que es, y los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Gobierno se han propuesto suprimir varias veces. Cada una choca con la misma aritmética: en España, cambiar la Constitución exige que se pongan de acuerdo los dos grandes partidos, y la experiencia dice que eso solo ocurre cuando hay una presión externa, como un tratado europeo, un rescate o un consenso social muy amplio.

Constitución – La revalorización de las pensiones con el IPC – Estado del bienestar – El Senado y el voto limitado – La disolución de las Cortes