El Senado y el voto limitado

El Senado es la cámara alta de las Cortes Generales y, según el artículo 69 de la Constitución, la «cámara de representación territorial». Se elige el mismo día que el Congreso, pero con reglas casi opuestas: el Congreso reparte escaños en proporción a los votos de cada lista, y el Senado se elige con un sistema mayoritario que premia al partido más votado de cada provincia. Esa diferencia explica por qué un partido puede quedarse cerca de la mitad de los diputados y, a la vez, tener mayoría absoluta en el Senado.

La cámara tiene dos clases de senadores. La mayoría los eligen directamente los votantes: cuatro por cada provincia peninsular, sea Soria o Madrid; tres en Gran Canaria, Tenerife y Mallorca; dos en Ceuta y dos en Melilla, y uno en cada una de las islas menores. En las generales de 2026 son 209 escaños de elección directa, con Ibiza y Formentera como circunscripciones separadas. El resto los designan los parlamentos autonómicos: uno por comunidad y otro más por cada millón de habitantes, de modo que su número varía con el padrón y con la composición de cada parlamento regional.

El rasgo que decide casi todo es el voto limitado. En una provincia que elige cuatro senadores, cada elector puede marcar como máximo tres nombres; en las circunscripciones de tres o dos escaños, dos; en las islas de un escaño, uno. Los votantes eligen personas, no listas: la papeleta, de color sepia, recoge a todos los candidatos agrupados por partido, y se puede repartir las cruces entre partidos distintos. En la práctica casi nadie lo hace. La mayoría marca a los tres candidatos de su partido, y el resultado típico en una provincia es tres senadores para el más votado y uno para el segundo, aunque la diferencia entre ambos sea de pocos votos.

El sistema existe para dar entrada a la minoría. Si cada elector pudiera votar a cuatro, el partido más votado se llevaría los cuatro escaños en casi todas partes, como ocurre en los sistemas de mayoría simple en distritos plurinominales. Con tres votos, el cuarto escaño queda para el segundo. Pero la puerta solo se abre para uno: el tercer partido de una provincia rara vez consigue un senador, y eso explica que Vox, con más de tres millones de votos en 2023, no obtuviera ningún senador electo y llegara a la cámara solo con los cinco que le dieron los parlamentos autonómicos.

Ahí está la lógica de las candidaturas conjuntas. Cuando dos partidos se reparten un electorado parecido, compiten por el mismo tercer o cuarto escaño y pueden perderlo los dos. La historia del Senado tiene ejemplos en la izquierda catalana: socialistas, ecosocialistas y republicanos se presentaron juntos a la cámara alta como Entesa en varias legislaturas, mientras competían por separado al Congreso. Para el 29 de noviembre de 2026, el PSOE y el Frente Amplio, la coalición de Sumar e Izquierda Unida encabezada por Ada Colau, cerraron también listas comunes para el Senado.

La derecha respondió con un acuerdo anunciado el 26 de octubre, cuando vencía el plazo para presentar candidaturas. Vox no presenta lista propia al Senado en seis provincias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares), donde incluye un nombre en la del PP; en otras catorce presenta un solo candidato en lugar de tres, y en las veintitrés restantes compite con normalidad. El PP, a cambio, no se presenta al Senado en Guipúzcoa, Girona y Tarragona, donde nunca ha logrado un senador. El secretario general del PP, Miguel Tellado, dijo que el pacto busca «frenar en seco a la extrema izquierda en el Senado». El de Vox, Ignacio Garriga, aclaró que sus votantes podrán apoyar a Vox en el Congreso «con plena normalidad».

Que el Senado importe tanto en una campaña tiene que ver con lo que puede y no puede hacer. En la elaboración de las leyes es una cámara de segunda lectura: puede vetar un proyecto por mayoría absoluta o introducir enmiendas, pero el artículo 90 permite al Congreso levantar el veto por mayoría absoluta, o por mayoría simple pasados dos meses. Su peso real está en otras funciones. El Senado propone a cuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional y elige a diez de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial, y en ambos casos hace falta una mayoría de tres quintos. Además, el artículo 155, el que permite al Gobierno obligar a una comunidad autónoma a cumplir la Constitución, exige la aprobación del Senado por mayoría absoluta; se aplicó por primera y única vez en Cataluña en octubre de 2017. Quien tenga tres quintos del Senado tiene, por tanto, una llave sobre la renovación de los dos órganos que más pleitos políticos han acumulado en la última década.

El voto limitado también tiene efectos curiosos sobre los candidatos. Como dentro de cada partido los nombres aparecen por orden alfabético, el elector que no marca a los tres de su lista tiende a marcar a los primeros, y los politólogos han medido una ligera ventaja para los apellidos que empiezan por las primeras letras. Por eso a veces un candidato del mismo partido saca más votos que otro aunque la campaña los haya presentado como equipo.

La crítica al Senado es casi tan vieja como la Constitución. Para unos, una cámara que da cuatro senadores a Soria y cuatro a Madrid sobrerrepresenta a las provincias poco pobladas y no representa a las comunidades autónomas, que son la verdadera estructura territorial del Estado; por eso se ha propuesto muchas veces convertirlo en una cámara de tipo federal, como el Bundesrat alemán, formada por representantes de los gobiernos regionales. Para otros, la segunda lectura de las leyes y su papel en los nombramientos institucionales justifican que exista. Ninguna de esas reformas ha prosperado, porque cambiar el artículo 69 exige a su vez una reforma constitucional con mayorías amplias, y las mayorías que la harían posible suelen salir precisamente del Senado tal como es.

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