La disolución de las Cortes

La disolución de las Cortes es el acto que pone fin anticipadamente a una legislatura y abre unas elecciones. En España la decide el presidente del Gobierno: el artículo 115 de la Constitución le permite, «previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad», proponer al rey la disolución del Congreso, del Senado o de las dos cámaras. El rey firma el decreto y el presidente lo refrenda, así que la decisión política es solo suya. Es uno de los poderes más fuertes del presidente, porque le permite elegir el momento de las elecciones.

La legislatura dura como máximo cuatro años. Si nadie la interrumpe, las Cortes se disuelven solas al cumplirse ese plazo y se convocan elecciones. Cuando el presidente adelanta la fecha, en cambio, decide él cuándo vota el país, y esa ventaja ha pesado en casi todos los adelantos de la democracia. El poder tiene tres límites. No se puede disolver mientras se tramita una moción de censura, para que el presidente no pueda esquivarla convocando elecciones. Tampoco antes de que pase un año desde la disolución anterior, salvo en un caso. Y el artículo 116 lo prohíbe mientras esté declarado un estado de alarma, de excepción o de sitio, porque las Cortes tienen que poder controlar al Gobierno durante la emergencia.

El caso que escapa al límite del año es la disolución automática del artículo 99.5. Si dos meses después de la primera votación de investidura ningún candidato ha conseguido la confianza del Congreso, el rey disuelve las cámaras y convoca elecciones con el refrendo del presidente del Congreso, no del Gobierno. Ocurrió dos veces: en mayo de 2016, tras el fracaso de Pedro Sánchez como candidato, y en septiembre de 2019, cuando socialistas y Unidas Podemos no llegaron a un acuerdo de gobierno. Las dos veces se repitieron las elecciones meses después de las anteriores.

Del decreto al voto hay un calendario fijo. La ley electoral manda que las elecciones se celebren el día quincuagésimo cuarto después de la convocatoria, con una campaña de quince días que termina a medianoche del viernes anterior, y una jornada de reflexión el sábado. El decreto de 2026 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 6 de octubre, entró en vigor ese mismo día y 54 días después cae el domingo 29 de noviembre. La campaña va del 13 al 27 de noviembre, el escrutinio oficial de las juntas provinciales del 4 al 7 de diciembre y las nuevas cámaras se constituyen el 23 de diciembre a las diez de la mañana.

Disolver no deja al país sin parlamento. Mientras no se constituyen las nuevas Cortes, cada cámara mantiene su Diputación Permanente, un órgano reducido en el que los grupos están representados según su peso. Su función principal es convalidar o derogar los decretos leyes que el Gobierno apruebe en ese tiempo; también asume las facultades de las cámaras si hay que declarar un estado de alarma, de excepción o de sitio. El Gobierno sigue en plenitud de funciones hasta las elecciones y pasa después a ser un Gobierno en funciones, limitado a la gestión ordinaria, hasta que se invista a un presidente nuevo.

Los adelantos tienen su propia historia. Leopoldo Calvo-Sotelo disolvió en agosto de 1982 con la UCD hundida, y las elecciones de octubre dieron al PSOE 202 escaños. Felipe González adelantó a marzo de 1996 tras perder el apoyo de Convergència i Unió. José Luis Rodríguez Zapatero anunció en julio de 2011 unas elecciones para noviembre, en plena crisis de la deuda. Sánchez lo ha hecho tres veces: en febrero de 2019, después de que el Congreso tumbara sus presupuestos; el 29 de mayo de 2023, la mañana siguiente a una derrota en las municipales, y en octubre de 2026.

El adelanto de 2026 llegó tras un desgaste largo con los socios de investidura. El 2 de octubre, el Congreso rechazó dos decretos leyes de vivienda porque Junts sumó sus votos a los del PP y Vox. Tras dos días de consultas, Sánchez anunció el 5 de octubre en la Moncloa que disolvía las Cortes, y presentó las elecciones como una elección entre seguir con un gobierno progresista o dar paso a uno del PP apoyado por Vox. El decreto se aprobó ese mismo día en un Consejo de Ministros extraordinario.

No todas las democracias parlamentarias dejan este poder en manos del jefe del Gobierno. En Alemania la Ley Fundamental no permite al canciller disolver el Bundestag a voluntad: tiene que perder una cuestión de confianza y pedir después al presidente federal que lo disuelva, como hizo Olaf Scholz en diciembre de 2024 para adelantar las elecciones a febrero de 2025. El Reino Unido probó el camino contrario con una ley de 2011 que fijaba la duración de la legislatura y la derogó en 2022 para devolver al primer ministro la facultad de convocar. España se sitúa en el extremo más flexible: el presidente decide solo, sin votación ni justificación, y responde únicamente ante los votantes que acaba de convocar.

Gobierno en funciones – Investidura – Parlamentarismo – La Junta Electoral Central – El Senado y el voto limitado