La revalorización de las pensiones con el IPC

La revalorización de las pensiones es la subida que reciben cada año las pensiones públicas para no perder valor frente a los precios. En España, desde 2022, la ley la ata a la inflación: cada enero, las pensiones contributivas suben lo mismo que subió de media el IPC en los doce meses anteriores. Parece un asunto técnico, pero obliga a contestar cada año tres preguntas políticas: quién carga con la inflación, quién decide cuánto se sube y de dónde sale el dinero.

Todo parte del sistema de reparto. Las pensiones españolas no salen de una cuenta de ahorro de cada trabajador, sino de las cotizaciones de quienes trabajan ahora. Los cotizantes de hoy pagan las pensiones de hoy. El primer seguro público de vejez basado en cotizaciones lo creó el canciller Otto von Bismarck en 1889, y no lo hizo por generosidad: quería quitarle apoyos a la socialdemocracia alemana. En 1908, el Reino Unido de Lloyd George eligió el modelo contrario, una pensión de cinco chelines a la semana para mayores de setenta años con pocos recursos, pagada con impuestos y sin exigir cotizaciones. Casi todos los sistemas actuales combinan los dos modelos, y España también. El Retiro Obrero de 1919 fue el primer seguro contributivo español, la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963 unificó los seguros sociales, y hoy las pensiones no contributivas conviven con las de cotización.

En un sistema de reparto, la revalorización decide quién carga con la inflación. Si las pensiones no suben con los precios, los pensionistas pierden poder adquisitivo cada año; si suben más que los salarios, el coste recae en quienes cotizan. Hasta 2013, las pensiones subían según la inflación prevista y se corregían después si el dato real era más alto. La Ley 23/2013, en plena crisis, sustituyó esa regla por un índice de revalorización que en la práctica dejó las subidas en el 0,25% anual, y añadió un factor de sostenibilidad que, a partir de 2019, debía ligar la pensión inicial a la esperanza de vida. Los pensionistas perdieron poder adquisitivo y salieron a la calle durante meses; el factor se aplazó en 2018 y nunca llegó a aplicarse. El Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria que desde 1995 busca acuerdos sobre la Seguridad Social, recomendó entonces garantizar por ley el poder adquisitivo, y la reforma de 2021 lo hizo. La Ley 21/2021 establece que las pensiones contributivas suben cada año según el IPC medio de los doce meses anteriores a diciembre. Por eso el Gobierno puede decir que la subida «está en la ley» y, aun así, necesitar un decreto: la ley fija la regla, pero el porcentaje se aprueba cada año por real decreto ley.

La reforma también tocó la financiación. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional, creado en 2021 y ampliado en 2023, añadió una cotización extra, hoy del 1,2%, que no genera derecho a pensión y va entera a la hucha de las pensiones, el Fondo de Reserva creado en 1997. La hucha llegó a tener 66.815 millones en 2011, bajó a unos 5.000 en 2018 porque se usó para pagar las pagas extraordinarias en los años de déficit, y el Gobierno calcula que cerrará 2026 con 20.000 millones gracias al MEI. Además, hay una cotización de solidaridad para los salarios que superan la base máxima, y algunos gastos que no son pensiones, como el complemento por brecha de género, han pasado de pagarse con cotizaciones a pagarse con los Presupuestos. Hoy el sistema gasta alrededor del 12% del PIB en pensiones contributivas, y la pensión media de jubilación ronda los 1.576 euros, unos 500 más que en 2018.

¿Es sostenible? Depende del plazo que se mire. A corto plazo, las cuentas están mejor que en muchos años. La afiliación bate récords, con veintiún millones de cotizantes, gracias a la inmigración y a la regularización de 2026, que ha sumado ya 420.000 cotizantes nuevos, y la hucha vuelve a crecer. A medio plazo, los números son tozudos. La generación del baby boom se jubila entre 2025 y 2040, la esperanza de vida sigue aumentando y hay unos 2,3 cotizantes por pensionista, cuando en los años setenta había más de cuatro. La AIReF y la Comisión Europea advierten de que, si no se cambia nada, el gasto en pensiones seguirá creciendo en proporción al PIB hasta bien entrados los años cuarenta. Las soluciones posibles son conocidas y todas tienen un coste para alguien: subir cotizaciones o impuestos, retrasar la edad real de jubilación (la reforma de 2021 ya lo incentiva), calcular la pensión con más años de cotización o aceptar que la tasa de sustitución, lo que supone la pensión respecto al último sueldo, siga bajando.

Las pensiones han vuelto a ser el primer tema en la campaña de las generales de noviembre de 2026. El dato de inflación que fija la subida de 2027 se publica a finales de noviembre, después de votar, así que el Gobierno ha anunciado que la aprobará en diciembre, ya en funciones, con un decreto ley que tendría que convalidar la Diputación Permanente. No sería la primera vez que la subida se enreda: el 27 de enero de 2026, PP, Vox y Junts tumbaron en el Congreso el decreto ómnibus que la incluía, y el Gobierno tuvo que aprobarla de nuevo en febrero en un decreto aparte. El PP promete ahora mantener la actualización con el IPC, y Vox habla de un sistema mixto, público y privado. Pero subir las pensiones con el IPC protege el poder adquisitivo de quien ya cobra la pensión, y no dice nada de cuánto cobrará quien se jubile dentro de veinte años. Para esa pregunta se creó el Pacto de Toledo, y por eso vuelve en cada elección.

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