La exclusión social

La exclusión social es el proceso por el que ciertas personas o grupos quedan apartados, total o parcialmente, de la participación en la vida económica, social, política y cultural de la sociedad en la que viven: del empleo, de la vivienda digna, de la educación, de la salud, de las relaciones sociales o de los derechos de ciudadanía. A diferencia de la pobreza, que se refiere sobre todo a la falta de ingresos, la exclusión alude a una ruptura de los lazos que unen a una persona con los demás, y a la acumulación de desventajas que se refuerzan unas a otras. Se puede ser pobre sin estar excluido, como el campesino con pocos ingresos pero integrado en su comunidad, y se puede estar excluido sin ser especialmente pobre, como la persona con una discapacidad a la que los edificios y los trabajos le cierran el paso.

La palabra, en su sentido moderno, nació en Francia. En 1974 René Lenoir, secretario de Estado de Acción Social del Gobierno francés, publicó Les exclus: un Français sur dix, un libro en el que calculaba que uno de cada diez franceses vivía al margen del progreso de los Treinta Gloriosos, los años de crecimiento económico que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. Sus excluidos no eran solo los pobres, sino un conjunto heterogéneo de personas que el sistema de protección social no alcanzaba: personas con discapacidad física o mental, ancianos inválidos, niños maltratados, familias monoparentales, drogadictos, delincuentes, personas con conductas consideradas asociales. Lo que tenían en común era quedar fuera de las redes que integraban a la mayoría, empezando por el empleo asalariado estable.

El concepto ganó fuerza en los años ochenta y noventa, cuando el paro masivo y la precariedad hicieron aparecer en Europa lo que se llamó la nueva pobreza. El sociólogo Serge Paugam describió en 1991 la descalificación social, el recorrido por el que personas que habían tenido un empleo se convertían en usuarias de la asistencia social y acababan interiorizando el estigma de su nueva condición. Robert Castel propuso en 1995 una imagen que se ha hecho clásica: la sociedad se organiza en zonas según dos ejes, la integración por el trabajo y la inserción en redes familiares y sociales. En la zona de integración están quienes tienen un empleo estable y relaciones sólidas; en la de vulnerabilidad, quienes tienen trabajo precario y lazos frágiles; y en la de desafiliación, quienes han perdido ambos. La crisis del empleo, sostenía Castel, estaba ensanchando la zona de vulnerabilidad y empujando a más gente hacia la desafiliación, una palabra que prefería a exclusión porque describe un proceso y no un estado.

La Unión Europea adoptó el término a finales de los años ochenta, en parte porque permitía hablar de la pobreza en los Estados miembros sin usar una palabra que algunos Gobiernos rechazaban. El Consejo aprobó en 1989 una resolución sobre la lucha contra la exclusión social, y desde entonces el concepto ha estado en el centro de las políticas sociales europeas. El Reino Unido creó en 1997 una Unidad de Exclusión Social dependiente del primer ministro. Y la socióloga estadounidense Hilary Silver mostró en 1994 que la palabra significa cosas distintas según la tradición política: en la republicana francesa, la exclusión es una ruptura del vínculo de solidaridad entre el individuo y la sociedad; en la liberal anglosajona, es el resultado de la discriminación y de los obstáculos que impiden a los individuos participar en los intercambios; y en la socialdemócrata, es el efecto de los grupos que acaparan recursos y cierran el acceso a los demás.

El economista británico Anthony Atkinson resumió en 1998 los tres rasgos que distinguen la exclusión de la pobreza. Es relativa: solo se puede estar excluido de una sociedad concreta, en un momento concreto, en comparación con lo que es normal en ella; no tener teléfono móvil no excluía a nadie en 1990 y hoy puede aislar a una persona de los servicios públicos, del banco y del mercado de trabajo, lo que se conoce como brecha digital. Implica agencia: alguien o algo excluye, sean instituciones, empresas, normas o los propios grupos sociales, y a veces el excluido es quien se retira. Y es dinámica: no depende solo de la situación actual, sino de las perspectivas de futuro, y a menudo se transmite de padres a hijos. El premio nobel Amartya Sen añadió en 2000 una distinción útil entre la exclusión activa, deliberada, como la que niega derechos a los inmigrantes en situación irregular, y la pasiva, que resulta de procesos sin intención, como el aumento del paro en una recesión.

La exclusión tiene varias dimensiones, que los estudios empíricos suelen agrupar así. La económica incluye la falta de ingresos, el desempleo, la precariedad laboral y la privación material, es decir, no poder permitirse bienes y servicios básicos como una comida con proteínas cada dos días o mantener la casa a una temperatura adecuada. La de vivienda va desde el hacinamiento o la infravivienda hasta el sinhogarismo. La social se refiere al aislamiento, la ruptura de los lazos familiares, la falta de apoyo o las relaciones conflictivas. La política y de ciudadanía abarca la falta de derechos, como la de los extranjeros sin permiso de residencia, y la ausencia de participación. Y a estas se suman el acceso a la educación y a la salud. Un equipo dirigido por Ruth Levitas propuso en 2007 una definición muy citada que las recoge todas: la exclusión social es un proceso complejo y multidimensional que implica la carencia o la negación de recursos, derechos, bienes y servicios, y la incapacidad de participar en las relaciones y actividades normales al alcance de la mayoría, y que afecta tanto a la calidad de vida de las personas como a la equidad y la cohesión de la sociedad en su conjunto.

Medir algo tan complejo exige combinar indicadores. En la Unión Europea, la estrategia Europa 2020 adoptó el indicador AROPE, de las siglas inglesas de en riesgo de pobreza o exclusión social, que considera en esa situación a quien cumple al menos una de tres condiciones: vivir en un hogar con ingresos por debajo del 60 % de la mediana nacional, que es el umbral habitual de riesgo de pobreza; sufrir privación material y social severa; o vivir en un hogar con muy baja intensidad de empleo. Según la Encuesta de Condiciones de Vida, algo más de una de cada cinco personas de la Unión Europea está en esa situación, y en España la proporción ronda una de cada cuatro. El indicador tiene la ventaja de ser comparable entre países, y el inconveniente de medir sobre todo la dimensión económica: el aislamiento social o la falta de derechos quedan fuera.

La exclusión suele concentrarse en ciertos grupos, aunque no por pertenecer a ellos sino por las desventajas que se acumulan: personas en paro de larga duración, jóvenes que abandonan pronto la escuela, familias monoparentales, personas mayores que viven solas, personas con discapacidad o con enfermedades mentales, población gitana, migrantes, personas sin hogar o que salen de prisión. Y tiene también una dimensión territorial, con barrios en los que se concentran el paro, la vivienda deteriorada y los servicios escasos, lo que refuerza la exclusión de quienes viven en ellos mediante la segregación residencial y el estigma del lugar.

Las políticas contra la exclusión, precisamente porque esta es multidimensional, no pueden limitarse a transferir dinero, aunque las rentas mínimas y el ingreso mínimo vital sean una base imprescindible. Suelen combinar el acceso al empleo y a la formación, la vivienda, la atención sanitaria y social, el acompañamiento personal y la participación comunitaria, y se orientan cada vez más hacia la inclusión activa. El concepto recibe también críticas: algunos autores advierten que hablar de excluidos sugiere que hay un dentro y un fuera nítidos, cuando la mayoría de las situaciones son de integración precaria, y que desplaza la atención de la desigualdad en su conjunto hacia los márgenes. Aun así, su aportación es difícil de discutir: recordar que la pobreza no es solo cuestión de dinero, sino de lugar en la sociedad.

La línea de pobreza – Riesgo de pobreza – Pobreza estructural – Población vulnerable – Segregación residencial – Cohesión social