El voto rogado y el voto desde el extranjero

El voto rogado fue el trámite que, entre 2011 y 2022, obligó a los españoles inscritos en el extranjero a pedir el voto antes de cada elección. El artículo 68 de la Constitución dice que el Estado «facilitará» el voto de quienes viven fuera, y durante esos once años la norma hizo lo contrario: el censo exterior creció y la participación se hundió. Se suprimió en 2022, pero la España de fuera sigue votando poco, y en las generales de 2026 una parte de ella llegó a la cita sin saber si podría votar.

Lo introdujo la Ley Orgánica 2/2011. Hasta entonces, quien estaba empadronado en el extranjero recibía la documentación en el consulado y votaba por correo o en urna sin pedir nada. Desde 2011, los inscritos en el censo de residentes ausentes, el CERA, tuvieron que solicitar el voto en cada elección, en un plazo corto y con los papeles cruzando dos veces el océano: la papeleta tenía que llegar, volver y entrar en el recuento a tiempo. El efecto se notó enseguida, y lo recoge el preámbulo de la ley que lo derogó. En las generales de 2011, 2015, 2016 y 2019, menos del 10% de los electores del exterior pidió el voto, y entre un tercio y la mitad de quienes lo pidieron no pudo votar porque la documentación no llegó a tiempo. La participación exterior cayó a entre el 4,7% y el 6,8%; entre 2000 y 2008 había estado entre el 23% y el 32%. En esos once años, el censo exterior creció un 59%, de 1,4 a 2,3 millones de inscritos.

El voto rogado se justificó por el fraude. El censo exterior estaba poco actualizado, y votar en nombre de un emigrante muerto o ilocalizable era relativamente fácil. Hubo también quien le vio un motivo político: el voto del exilio y de la emigración se consideraba cercano a la izquierda, y la reforma la aprobó el PSOE en sus últimos meses de gobierno, con las encuestas en contra. Fuera cual fuera la intención, el resultado fue una abstención técnica: gente que quería votar y no pudo por el procedimiento.

La Ley Orgánica 12/2022 suprimió el voto rogado. Desde entonces, la Oficina del Censo Electoral, que depende del INE, envía de oficio la documentación y las papeletas a todos los inscritos en el CERA. La papeleta se puede descargar por internet, y en los consulados se puede votar en urna entre el octavo y el tercer día antes de la elección. Queda una excepción poco conocida: los residentes temporales en el extranjero, los ERTA, siguen teniendo que pedir el voto por correo. Las primeras elecciones con la nueva ley, las generales del 23 de julio de 2023, dejaron un resultado modesto. La participación exterior subió, pero apenas llegó al 10% del censo, el 0,84% de todos los votantes. Después de once años de trabas, mucha gente fuera había dejado de intentarlo, y eso no cambia de un día para otro con una ley.

El censo de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 se cerró el 1 de agosto con 38,7 millones de electores, y de ellos 2.769.645 están inscritos en el extranjero: medio millón en Argentina, un cuarto de millón en Francia, más de doscientos mil en Estados Unidos y más de cien mil tanto en México como en Cuba.

A esas elecciones se llegó con un pleito. La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022, conocida como ley de nietos, permitió pedir la nacionalidad española a hijos y nietos de quienes se exiliaron por motivos políticos, ideológicos, religiosos o de orientación sexual. Una instrucción administrativa dio por exiliado a todo español que salió del país entre julio de 1936 y diciembre de 1955. Hasta mayo de 2026 se presentaron 1,2 millones de solicitudes y se aprobaron más de medio millón; unas 369.000 de las personas nacionalizadas se inscribieron en el censo exterior. En julio, la Junta Electoral Central rechazó suspender esas inscripciones, como pedían Vox y un colectivo de abogados, y se apoyó en el artículo 68 de la Constitución. Pero el 8 de septiembre el Tribunal Supremo suspendió de forma cautelar sus efectos electorales y el 12 de octubre lo confirmó. Los 163.020 nacionalizados por esa presunción solo podrán votar si un certificado consular acredita que sus padres o abuelos se exiliaron de verdad. La Abogacía del Estado alegó que era imposible revisar a mano ochenta mil expedientes antes del 29 de noviembre, y calculó que, con la participación habitual del exterior, los afectados reales serían unos catorce mil votantes. El 15 de octubre la Junta Electoral ordenó enviar la documentación, entre el 24 y el 30 de octubre, a los 2,7 millones de inscritos, también a los suspendidos, con un aviso de que no todos podrán votar; así los consulados ganan unos días para certificar expedientes. Ese mismo día, una asociación argentina de descendientes se personó ante el Supremo y denunció una discriminación: quien obtuvo la nacionalidad por la misma ley y vive en España sí puede votar.

La pregunta de fondo no es solo española: ¿deben votar quienes no viven ni pagan impuestos en el país? Francia reserva once diputados a sus ciudadanos en el extranjero; Italia, ocho diputados y cuatro senadores; Portugal, cuatro diputados. España no tiene escaños para el exterior. Cada elector del CERA vota en el último municipio donde vivió o, si nunca vivió en España, en el de sus padres o abuelos, y su voto se suma al de esa provincia dentro del sistema electoral. El diseño supone que el emigrante se fue por un tiempo y volverá, algo que encaja cada vez peor con nietos y bisnietos de emigrantes. El voto rogado llevó ese modelo al extremo y convirtió un derecho en un papeleo. Quitarlo no ha bastado para que la gente vuelva a votar. Y el caso de la ley de nietos muestra que, cuando la nacionalidad se amplía por una decisión política, el censo acaba en los tribunales, y son la Junta Electoral y el Supremo quienes deciden quién vota.

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