Gideon contra Wainwright y el derecho a un abogado

El 8 de enero de 1962 llegó al Tribunal Supremo de Estados Unidos un sobre desde la prisión estatal de Florida. Contenía una petición escrita a lápiz, en letras mayúsculas y en el papel rayado que la prisión daba a los reclusos, firmada por Clarence Earl Gideon, un hombre de cincuenta y un años con cuatro condenas anteriores por robos menores. Decía que lo habían juzgado sin abogado porque no podía pagarlo, y que eso violaba sus derechos. Catorce meses después, el Tribunal le dio la razón por unanimidad. Gideon contra Wainwright es la razón por la que hoy, en Estados Unidos, nadie acusado de un delito grave puede ser juzgado sin un abogado, aunque no tenga un dólar.

Los hechos eran de lo más corriente. En la madrugada del 3 de junio de 1961 alguien forzó la puerta del Bay Harbor Poolroom, un salón de billares de Panama City, en Florida, y se llevó monedas de la máquina de discos y del tabaco, además de algo de cerveza y vino. Un testigo dijo haber visto a Gideon salir del local con los bolsillos llenos y subir a un taxi. Gideon, que vivía de trabajos ocasionales y del juego, fue acusado de allanamiento con intención de cometer un hurto menor, un delito grave en Florida. En agosto, el día del juicio, pidió al juez que le nombrara un abogado.

El juez Robert McCrary se negó. Le explicó, con amabilidad según el acta, que la ley de Florida solo permitía nombrar abogado de oficio a los acusados de delitos castigados con la muerte. Gideon respondió con una frase que se haría famosa: «El Tribunal Supremo de Estados Unidos dice que tengo derecho a que me represente un abogado». Se equivocaba. En 1942, en el caso Betts contra Brady, el Tribunal Supremo había resuelto justo lo contrario: la Sexta Enmienda garantiza la asistencia de abogado en los juicios federales, pero en los juicios de los estados solo es obligatorio proporcionarlo si hay circunstancias especiales, como el analfabetismo, una discapacidad mental o una complejidad extraordinaria del caso. Gideon, que sabía leer y escribir, no las tenía.

Se defendió solo. Hizo un alegato inicial, interrogó a los testigos y llamó a los suyos, con la torpeza de quien no conoce las reglas. El jurado lo declaró culpable y el juez lo condenó a cinco años, la pena máxima. En la prisión, Gideon pasó semanas en la biblioteca estudiando derecho y redactó la petición de certiorari, el recurso con el que se pide al Supremo que revise un caso. Como no podía pagar las tasas, la presentó como pobre, algo que el reglamento del Tribunal permitía. De las miles de peticiones de ese tipo que el Tribunal recibía cada año, casi todas se rechazaban sin más. Esta se aceptó, porque varios jueces llevaban tiempo buscando la ocasión de revisar Betts contra Brady.

El Tribunal no dejó a Gideon defenderse solo esta vez. Le nombró como abogado a Abe Fortas, uno de los letrados más prestigiosos de Washington y futuro juez del propio Tribunal, que trabajó gratis con su bufete. Florida defendió que el sistema de Betts funcionaba y que cada estado debía organizar su justicia penal. En un gesto inusual, veintidós estados presentaron un escrito como terceros interesados a favor de Gideon, pidiendo que se anulara el precedente. La vista oral se celebró el 15 de enero de 1963.

La sentencia, del 18 de marzo de 1963, la redactó el juez Hugo Black, que en 1942 había sido uno de los tres discrepantes de Betts. Veintiún años después, su voto particular se convirtió en la opinión del Tribunal. Black razonó que en un sistema acusatorio cualquier persona llevada ante un tribunal que sea demasiado pobre para contratar un abogado no puede tener un juicio justo si no se le proporciona uno. «Esto nos parece una verdad evidente». Los estados gastan enormes sumas en fiscales, y quienes pueden pagarlo contratan a los mejores abogados; eso demuestra que los abogados en los tribunales penales son una necesidad, no un lujo. La Decimocuarta Enmienda obligaba a los estados a respetar ese derecho de la Sexta.

Gideon tuvo un segundo juicio en agosto de 1963, en el mismo juzgado de Panama City y ante el mismo juez. Esta vez lo defendió W. Fred Turner, un abogado local que se preparó el caso a conciencia. Turner interrogó al testigo principal, Henry Cook, y sugirió al jurado que quizá era él quien había forzado la puerta, puesto que estaba allí a esas horas. Presentó además a un taxista que declaró que Gideon no llevaba en los bolsillos ni botellas ni el peso de las monedas. El jurado deliberó una hora y lo absolvió. Gideon salió libre esa misma noche, casi dos años después de su detención, y murió en 1972 en Fort Lauderdale. Su historia la contó el periodista Anthony Lewis en Gideon’s Trumpet, un libro de 1964 que sigue siendo lectura obligatoria en las facultades de Derecho estadounidenses.

La consecuencia inmediata fue que miles de presos de Florida y de otros estados, condenados sin abogado, pidieron la revisión de sus casos, y muchos salieron en libertad o fueron juzgados de nuevo. La consecuencia duradera fue la creación, en todo el país, de sistemas de defensores públicos. El Tribunal extendió después la regla a cualquier delito que pueda castigarse con prisión, y exigió que la defensa no solo exista, sino que sea efectiva. Sesenta años después, sin embargo, la promesa de Gideon sigue sin cumplirse del todo: en muchos condados los defensores públicos llevan cientos de casos a la vez, conocen a sus clientes minutos antes de la vista y la mayoría de los procesos terminan en acuerdos de conformidad negociados sin investigación alguna.

En España el mismo derecho tiene otra forma. El artículo 24 de la Constitución garantiza la defensa y la asistencia de letrado, y el 119 establece que la justicia será gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. La Ley de asistencia jurídica gratuita de 1996 organiza el turno de oficio, que prestan los colegios de abogados. El problema de fondo, en todas partes, es el que Gideon planteó en su carta a lápiz: un juicio en el que una de las partes no sabe defenderse no es un juicio justo, por muy correctas que sean las reglas. Hizo falta que un preso sin estudios lo escribiera para que el tribunal más poderoso del mundo lo reconociera.

Principio de juicio previo – Derecho procesal – Igualdad jurídica – Órgano jurisdiccional competente – Beccaria y De los delitos y de las penas – El crimen de Cuenca