Marbury contra Madison y el control de constitucionalidad

Casi todos los países democráticos tienen hoy un tribunal capaz de anular una ley aprobada por el parlamento porque contradice la constitución. En España lo hace el Tribunal Constitucional; en Alemania, el de Karlsruhe; en Estados Unidos, cualquier juez federal, con la última palabra del Tribunal Supremo. La constitución estadounidense de 1787 no dice en ninguna parte que los jueces tengan ese poder. Se lo atribuyó el propio tribunal en 1803, en una sentencia sobre un nombramiento de juez de paz que nunca llegó a entregarse. Se llama Marbury contra Madison, y su historia es la de una jugada política de una habilidad extraordinaria.

Las elecciones de 1800 enfrentaron al presidente John Adams, del Partido Federalista, con su vicepresidente, Thomas Jefferson, del Partido Demócrata-Republicano. Jefferson ganó, y los republicanos se hicieron también con el Congreso. En los meses que les quedaban antes del relevo, los federalistas intentaron atrincherarse en el único poder que les quedaba, el judicial. En enero de 1801 Adams nombró presidente del Tribunal Supremo a su secretario de Estado, John Marshall. En febrero el Congreso saliente aprobó una ley que creaba dieciséis nuevos jueces federales y otra que organizaba el Distrito de Columbia y permitía nombrar jueces de paz. Adams firmó los nombramientos hasta la última noche de su mandato, y por eso a aquellos jueces se les llamó los jueces de medianoche.

Uno de ellos era William Marbury, un financiero de Maryland y militante federalista, designado juez de paz para el condado de Washington. Su nombramiento se firmó y se selló, pero nadie lo entregó. La tarea correspondía al secretario de Estado, que seguía siendo John Marshall, ya nombrado presidente del Supremo, y en el caos de los últimos días varios nombramientos se quedaron sobre una mesa. Cuando Jefferson tomó posesión, el 4 de marzo, ordenó que no se entregaran, y su nuevo secretario de Estado, James Madison, mantuvo la orden. En diciembre de 1801, Marbury y otros tres afectados pidieron directamente al Tribunal Supremo un writ of mandamus, una orden judicial que obligara a Madison a darles sus nombramientos.

El conflicto se agravó. En 1802 el Congreso republicano derogó la ley de los dieciséis nuevos jueces, dejando sin cargo a unos magistrados que la constitución declaraba vitalicios, y suprimió además la sesión del Tribunal Supremo de ese año, de modo que el caso no pudo verse hasta febrero de 1803. Los republicanos hablaban abiertamente de destituir a los jueces federalistas mediante juicio político. Marshall estaba ante un dilema. Si ordenaba a Madison entregar los nombramientos, el gobierno de Jefferson no obedecería, y el Tribunal quedaría humillado y sin autoridad. Si se negaba, reconocería que el poder ejecutivo podía saltarse la ley sin que los jueces pudieran hacer nada.

La sentencia, leída el 24 de febrero de 1803, resolvió el dilema con tres preguntas. La primera: ¿tenía Marbury derecho al nombramiento? Sí, porque se había firmado y sellado, y la entrega era un mero trámite. La segunda: ¿le ofrecían las leyes un remedio? Sí, porque en un gobierno de leyes y no de hombres todo derecho violado debe tener remedio, y Madison, al retener el documento, había violado la ley. La tercera: ¿podía el Tribunal Supremo dictar ese mandamus? Aquí vino la sorpresa. Marshall respondió que no.

La Ley Judicial de 1789, en su artículo 13, permitía al Supremo dictar mandamus en primera instancia. Pero la constitución, en su artículo III, enumera los pocos casos que el Tribunal conoce directamente, los que afectan a embajadores y aquellos en que un estado es parte, y establece que en todos los demás solo actúa en apelación. Según Marshall, el Congreso no podía ampliar esa lista con una ley ordinaria. Si lo hacía, la ley contradecía la constitución, y entonces había que decidir cuál de las dos prevalecía. La respuesta, dijo, era evidente: una constitución escrita es la ley suprema, y un acto legislativo contrario a ella es nulo. «Corresponde enfáticamente al poder judicial decir lo que es el derecho». El artículo 13 era inconstitucional, el Tribunal carecía de competencia y Marbury se quedó sin su cargo.

La jugada era perfecta. Jefferson había conseguido lo que quería, porque Marbury no recibió el nombramiento, y no tenía nada que desobedecer. A cambio, el Tribunal se había atribuido un poder mucho mayor: el de revisar las leyes del Congreso y declararlas nulas. Y lo había hecho de la manera más difícil de atacar, renunciando a una competencia en lugar de reclamarla. Jefferson protestó durante años contra la idea de que los jueces tuvieran la última palabra sobre la constitución, pero no tenía una sentencia contra la que actuar. Seis días después, en Stuart contra Laird, el mismo Tribunal aceptó la derogación de la ley judicial de 1801 sin enfrentarse al gobierno.

Los historiadores del derecho han matizado el mito. La idea no era nueva: Alexander Hamilton la había defendido en 1788 en el número 78 de El Federalista, varios tribunales estatales ya habían inaplicado leyes de sus estados, y el propio Supremo había examinado antes la constitucionalidad de una ley federal, aunque para confirmarla. El razonamiento de Marshall, además, era discutible. Como señaló William Van Alstyne en un análisis clásico, la ley de 1789 podía leerse de modo que no chocara con la constitución, y Marshall probablemente no debió haber juzgado un caso en el que él mismo había intervenido como secretario de Estado. Hay incluso quien discute que la sentencia pretendiera establecer la supremacía de los jueces sobre los demás poderes y no solo su deber de aplicar la constitución en sus propios casos.

Lo que sí es cierto es que el poder que Marbury inauguró se usó muy poco durante medio siglo. El Tribunal Supremo no volvió a anular una ley federal hasta 1857, y esa segunda vez fue en la sentencia Dred Scott, que declaró inconstitucional el compromiso de Misuri y contribuyó a la guerra civil. Después, el control de constitucionalidad se convirtió en el centro del sistema estadounidense y viajó por el mundo. Europa lo adoptó en el siglo XX con otra forma, la de un tribunal constitucional especializado, siguiendo el modelo que Hans Kelsen diseñó para Austria en 1920. Las dos versiones descienden, de un modo u otro, de un juez de paz sin nombramiento y de un presidente del Supremo que prefirió perder un caso para ganar un poder.

Constitución – División de poderes (separación de poderes) – Cortes Constitucionales – Federalismo – Jurisdicción – Dred Scott contra Sandford