El salario mínimo interprofesional

El salario mínimo interprofesional, el SMI, es la cantidad más baja que en España se puede pagar por una jornada completa, sea cual sea el sector o el convenio. En 2026 es de 1.221 euros brutos al mes en catorce pagas: un 3,1% más que el año anterior y un 66% más que en 2018, cuarenta puntos por encima de la inflación acumulada. Ningún otro salario en España ha subido tanto en tan poco tiempo, y por eso el debate ya no es solo cuánto debe subir el mínimo, sino qué pasa con los sueldos que están justo por encima.

El salario mínimo es más antiguo de lo que parece. Los primeros suelos salariales obligatorios fueron las juntas de salarios de la colonia australiana de Victoria, en 1896, creadas contra los talleres de explotación. El Reino Unido las copió en 1909 con las Trade Boards, y Estados Unidos fijó su primer mínimo federal en 1938, veinticinco centavos la hora, con la Fair Labor Standards Act, una de las últimas leyes del New Deal. España llegó más tarde. Un decreto de 1963 fijó un salario mínimo para todos los sectores, por debajo del cual ningún convenio podía pagar, y el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores de 1980 le dio la forma que tiene hoy. Lo fija cada año el Gobierno por real decreto, después de consultar a sindicatos y patronal, y debe tener en cuenta el IPC, la productividad, el peso de los salarios en la renta nacional y la situación económica. Como lo decide el Gobierno y no una fórmula fija, cada subida es una decisión política, y cada campaña la convierte en promesa.

La cuantía ha seguido los altibajos de la economía española. En 2000 el SMI era de 424,80 euros al mes. En 2008 llegó a 600, la cifra que había prometido Zapatero. Con la crisis apenas se movió, y en 2016 seguía en 655,20. El gran salto llegó en 2019, de 735,90 a 900 euros, la mayor subida de su historia, y después vinieron 950 en 2020, 1.000 en 2022, 1.080 en 2023, 1.134 en 2024, 1.184 en 2025 y los 1.221 de 2026. Solo la subida de 2020 tuvo el acuerdo de la patronal. Según el Ministerio de Economía, el SMI equivale ya al 60% del salario medio neto, la referencia que usan la Carta Social Europea y la directiva europea de salarios mínimos de 2022. Los sindicatos no están de acuerdo con ese cálculo. El salario medio sube por el peso de los sueldos altos, así que prefieren comparar con la mediana, y con la mediana el 60% aún no se ha alcanzado. Lo cobra alrededor de uno de cada diez asalariados, y entre ellos hay muchas más mujeres, jóvenes, jornaleros y empleados de hostelería y comercio que en el conjunto de la población. No es un sueldo de primer empleo para adolescentes, como a veces se dice, sino el que se paga en sectores enteros.

Lo que discuten los economistas es si subirlo destruye empleo. Durante décadas, el manual decía que sí: si el mínimo está por encima del salario de equilibrio, los trabajadores menos productivos se quedan sin trabajo. En 1994, David Card y Alan Krueger compararon los restaurantes de comida rápida de Nueva Jersey, que acababa de subir su salario mínimo, con los de la vecina Pensilvania, que no lo había subido, y no encontraron la caída de empleo que predecía la teoría. En su libro Myth and Measurement (1995) desarrollaron la idea, y cientos de estudios posteriores, con varios metaanálisis, han confirmado que las subidas moderadas tienen efectos pequeños o nulos sobre el empleo. Una explicación es que muchos mercados de trabajo funcionan como un monopsonio: el empleador tiene poder para pagar por debajo de lo que el trabajador produce, y el salario mínimo corrige en parte ese desequilibrio. Card recibió el Nobel en 2021, en parte por este trabajo. En España la duda está en el tamaño de las subidas. Un 8% o un 22% en un año no es lo que se estudió en Nueva Jersey, y tras la subida de 2019 el Banco de España y la AIReF estimaron efectos negativos pequeños, y muy inciertos, sobre el empleo de los grupos más expuestos. No ha llegado el paro masivo que algunos anunciaron, pero eso no quiere decir que la cuantía dé igual. Por eso hay una comisión de expertos y no una regla automática.

En octubre de 2026, a seis semanas de las elecciones generales, el Ministerio de Trabajo convocó a la comisión de expertos que calcula la subida del año siguiente y le pidió una recomendación antes de fin de mes. Los sindicatos piden un 7% para 2027; la patronal se opone, como se ha opuesto a casi todas las subidas desde 2019, y el Gobierno quiere aprobar el decreto antes del 29 de noviembre. Pero el problema ya no está tanto en el mínimo como en el resto de la escala. La mediana apenas crece, los convenios suben en torno al 3% y el SMI se acerca a los sueldos que están justo por encima, de modo que cada vez más trabajadores cobran casi lo mismo que el mínimo. La vicepresidenta Yolanda Díaz lo planteó en octubre ante un foro de empresarios: «el esfuerzo no puede caer solo en el SMI», y les pidió que suban los salarios en los convenios. Un salario mínimo alto encaja mal con unos sueldos medios bajos, y el decreto anual no puede hacer el trabajo de la negociación colectiva ni compensar una productividad que no crece.

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