El Código de Napoleón

En su destierro de Santa Elena, Napoleón Bonaparte le dijo a uno de sus acompañantes que su verdadera gloria no eran las cuarenta batallas que había ganado, porque Waterloo borraría el recuerdo de tantas victorias. «Lo que nada borrará, lo que vivirá eternamente, es mi Código Civil». Tenía razón. El Código Civil de los franceses, promulgado el 21 de marzo de 1804 y rebautizado Code Napoléon en 1807, sigue vigente en Francia más de dos siglos después, con muchos artículos intactos, y sirvió de modelo a los códigos civiles de Bélgica, Italia, los Países Bajos, Portugal, España, Quebec, Luisiana y casi toda América Latina.

La idea de un código único no era de Napoleón. La Francia del Antiguo Régimen tenía un derecho civil fragmentado en decenas de costumbres regionales. En el norte regían las costumbres, como la de París; en el sur, el derecho romano escrito. Voltaire se burlaba de que al viajar por Francia se cambiaba de ley tantas veces como de caballo. La Revolución prometió en la Constitución de 1791 un código de leyes civiles común a todo el reino, y el jurista Jean-Jacques-Régis de Cambacérès presentó tres proyectos a las asambleas revolucionarias, en 1793, 1794 y 1796. Los tres fracasaron, por demasiado técnicos para unos y demasiado tímidos para otros.

Bonaparte llegó al poder con el golpe de Estado de noviembre de 1799 y vio en el código un instrumento para cerrar la Revolución consolidando sus conquistas. El 12 de agosto de 1800 nombró una comisión de cuatro juristas: François Tronchet, presidente del Tribunal de Casación; Jean-Étienne-Marie Portalis, un abogado de Provenza; Félix Bigot de Préameneu y Jacques de Maleville. En cuatro meses redactaron un proyecto completo. Se envió a los tribunales para que lo comentaran y después se discutió artículo por artículo en el Consejo de Estado. Napoleón presidió más de la mitad de las sesiones e intervino a menudo, sobre todo en lo relativo al divorcio, la adopción y la autoridad paterna.

La tramitación parlamentaria fue difícil. El Tribunado, una de las asambleas del Consulado, rechazó el primer título en 1801, y Bonaparte respondió retirando el proyecto y depurando la asamblea de opositores. A partir de entonces el código se aprobó en treinta y seis leyes separadas, votadas entre 1803 y 1804. La ley del 30 de ventoso del año XII, 21 de marzo de 1804, las reunió en un solo cuerpo de 2.281 artículos numerados de forma continua y derogó en las materias que trataba todo el derecho anterior: las costumbres, las ordenanzas reales y el derecho romano.

El texto más interesante de toda la operación no es un artículo, sino el Discurso preliminar que Portalis leyó en 1801 para presentar el proyecto. Frente a la ambición revolucionaria de legislarlo todo, Portalis defendió la modestia. Prever todos los casos es una meta imposible, escribió, y una ley no puede sustituir a la razón natural en los asuntos de la vida. Un código debe fijar con amplitud las máximas generales del derecho y dejar al juez, formado en su espíritu, la aplicación a los casos concretos. Su frase más citada es que los códigos de los pueblos se hacen con el tiempo, y que, propiamente hablando, no se hacen. Para Portalis el código recogía un derecho que ya existía, depurado y unificado, más que inventarlo.

El contenido refleja esa mezcla de revolución y tradición. El código consagra la igualdad civil de todos los franceses, sin privilegios de nacimiento, y la laicidad del estado civil: los nacimientos, matrimonios y defunciones los registra el municipio, no la parroquia. El artículo 544 define la propiedad como el derecho de gozar y disponer de las cosas «de la manera más absoluta», siempre que no se haga un uso prohibido por las leyes. El 1134 dice que los contratos legalmente formados tienen fuerza de ley entre quienes los han celebrado. El 1382 funda la responsabilidad civil en una sola frase: todo hecho del hombre que causa a otro un daño obliga a repararlo a aquel por cuya culpa sucedió.

Al mismo tiempo, el código es profundamente conservador en la familia. El artículo 213 establecía que el marido debe protección a su mujer y la mujer obediencia a su marido. La mujer casada no podía contratar, litigar ni disponer de sus bienes sin autorización del marido. Los hijos nacidos fuera del matrimonio tenían derechos muy reducidos y la investigación de la paternidad estaba prohibida. El divorcio, admitido pero restringido, se suprimió en 1816. En el trabajo, el artículo 1781 disponía que, en un pleito sobre salarios, se creyera al patrono por su sola palabra. Ese artículo no se derogó hasta 1868, y la plena capacidad de la mujer casada no llegó hasta el siglo XX.

La difusión del código fue en parte obra de los ejércitos. Se impuso en Bélgica, en Luxemburgo, en las orillas del Rin, en el norte de Italia y en el ducado de Varsovia. Muchos de esos territorios lo conservaron tras la caída de Napoleón, porque era técnicamente superior a lo que había antes y porque la burguesía lo consideraba una garantía. En Renania rigió hasta 1900. El resto de su expansión fue voluntaria. Luisiana aprobó en 1808 un código basado en su proyecto, Quebec lo tomó como modelo en 1866 y Andrés Bello se inspiró en él para el Código Civil de Chile de 1855, que a su vez copiaron Colombia, Ecuador y otros países.

En España la influencia fue indirecta pero enorme. El proyecto de Código Civil de 1851, dirigido por Florencio García Goyena, seguía de cerca el francés. Fracasó por la oposición de los territorios forales, y el Código Civil que finalmente se aprobó en 1889 conservó buena parte de su estructura y de sus soluciones, aunque respetando los derechos civiles de Cataluña, Aragón, Navarra, el País Vasco y Galicia. Cualquier estudiante español que compare el artículo 1091 de su código, según el cual las obligaciones nacidas de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes, con el 1134 francés, verá de dónde viene.

El éxito tuvo un efecto curioso en la manera de enseñar el derecho. Durante buena parte del siglo XIX, los juristas franceses de la llamada escuela de la exégesis trataron el código como un texto casi sagrado que bastaba con interpretar artículo por artículo. Se atribuye al profesor Jean-Joseph Bugnet la frase de que él no conocía el derecho civil, solo enseñaba el Código Napoleón. Era lo contrario de lo que había pedido Portalis. Con el tiempo, la jurisprudencia fue haciendo lo que él había previsto: adaptar unas pocas fórmulas generales a problemas que los redactores no podían imaginar, como los accidentes de ferrocarril y automóvil, que los tribunales resolvieron con el viejo artículo 1382. La gran reforma del derecho de obligaciones de 2016 renumeró ese artículo, que hoy es el 1240, con las mismas palabras de 1804.

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