Proceso de Burgos (juicio de Burgos)

El proceso de Burgos o juicio de Burgos fue un consejo de guerra o juicio militar sumarísimo celebrado en diciembre de 1970 contra 16 miembros de la organización ETA que adquirió gran relevancia pública, a nivel nacional e internacional, y que además de provocar una ola de protestas en solidaridad con los acusados y en contra del régimen, puso de manifiesto las fisuras internas del régimen, que finalmente tuvo que conmutar las penas de muerte a las que habían sido condenados los acusados. 

ETA, Euskadi Ta Askatasuna, surgió a finales de la década de 1950 como organización para la liberación del País Vasco. En 1968, asesinó a un conocido cargo policial del régimen, conocido por su crueldad como torturador. Semanas antes, un carismático dirigente de ETA había muerto en un tiroteo con la Guardia Civil, tras matar horas antes a un agente en un control rutinario. En ese contexto, ETA decidió desarrollar una estrategia de acción-represión-acción, intensificando su campaña de ataques armados, con el objetivo de que ante la feroz represión del régimen, se desatara finalmente una insurrección popular que acabara con el mismo. Atracos y explosiones jalonaron el año 1969. El régimen franquista declaró el estado de excepción en el País Vasco y en abril de 1969 detuvo a un buen número de dirigentes de ETA. Persiguiendo un escarmiento, dichos dirigentes junto con otros militantes de ETA, en total 16, fueron juzgados en Burgos por un tribunal militar, en una causa colectiva, y de forma sumarísima y expédita. 

El juicio supuso una ventana de propaganda que los miembros de ETA, sus abogados y apoyos externos supieron utilizar en favor de sus reivindicaciones y para desprestigiar al régimen. Aprovecharon el juicio para arremeter públicamente, en multitudinarias ruedas de prensa, contra la falta de libertades y la represión del régimen, reclamando la libertad del pueblo vasco. En la calle, las protestas alcanzaron un nivel no visto hasta entonces en contra del juicio, incluso a nivel internacional. De hecho, pocos días antes ETA secuestro al cónsul alemán en San Sebastián para atraer la atención internacional. Finalmente, el tribunal militar dictó sentencia de muerte contra seis de los acusados y fuertes penas de prisión para casi todos los demás. Durante todo el proceso, se produjeron fuertes desacuerdos entre sectores duros del régimen, favorables a un castigo ejemplarizante contra los militantes de ETA, representados por el propio tribunal militar encargado del juicio, y los sectores tecnócratas que conformaban el gobierno, formado poco antes, tras la remodelación posterior al caso Matesa, que abogaban por una relajación de la situación. Finalmente, el ambiente de protestas y la presión internacional acabaron obligando al gobierno a intervenir, conmutando las penas de muerte por penas de prisión, en contra de los sectores más radicales del régimen. De todas formas, el daño ya estaba hecho. El juicio puso de manifiesto la naturaleza opresora y represiva del régimen franquista, tanto a nivel nacional, entre la ciudadanía, y a nivel internacional, acelerando así el declive del régimen franquista.