La ley de nietos

La ley de nietos es el nombre popular de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, que permitió adquirir la nacionalidad española a los descendientes de quienes tuvieron que salir de España por la Guerra Civil y la dictadura. No era la primera vez: la Ley de Memoria Histórica de 2007 había abierto una vía parecida. Pero esta segunda ventana fue más amplia, duró tres años y acabó con cerca de 900.000 solicitudes, la mayoría desde América Latina. En 2026 se ha convertido además en un pleito electoral.

La ley se dirigía a tres grupos. El primero, el principal, eran las personas nacidas fuera de España cuyo padre, madre, abuelo o abuela fueron españoles de origen y perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad por el exilio, por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual. El segundo, los hijos de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con un extranjero antes de la Constitución de 1978, porque hasta entonces la mujer seguía la nacionalidad del marido. El tercero, los hijos mayores de edad de quienes ya se habían nacionalizado por la ley de 2007 o por la de 2022. No hacía falta vivir en España, ni renunciar a la nacionalidad de origen, ni pasar el examen de cultura y lengua que se exige a quien se nacionaliza por residencia.

La parte delicada era probar el exilio. Ochenta años después, pocas familias conservaban documentos que acreditaran por qué salió el abuelo. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública resolvió el problema con una instrucción de octubre de 2022 que presumía la condición de exiliado en quien hubiera salido de España entre 1936 y 1955. Esa presunción abrió la puerta a muchos descendientes de emigrantes económicos de la posguerra, y es el punto que sus críticos señalan como una ampliación de lo que votaron las Cortes.

El plazo era de dos años desde la entrada en vigor, en octubre de 2022, y el Gobierno lo prorrogó un año más, hasta octubre de 2025. Hasta el 31 de julio de 2025 se habían presentado 876.321 solicitudes en todo el mundo, según el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática; 414.652 personas tenían ya reconocido el derecho y 237.145 estaban inscritas y con pasaporte. Más del 95% de las solicitudes se presentaron en consulados de Iberoamérica y en el de Miami, y solo los argentinos sumaban el 42% del total.

Detrás de esas cifras hay una historia larga. Cerca de medio millón de personas cruzaron la frontera francesa en la Retirada de enero y febrero de 1939, y muchas de ellas siguieron después hacia México, que con el presidente Lázaro Cárdenas acogió a unos veinte mil republicanos, o hacia Argentina, Chile y la República Dominicana. A ese exilio político se sumó, en las décadas siguientes, una emigración económica masiva hacia América. Las leyes de 2007 y 2022 se presentaron como una reparación hacia los primeros, pero sus efectos alcanzaron también a los segundos.

El conflicto de 2026 nace de la nacionalidad, pero se juega en el censo. Un español que vive fuera vota inscrito en el censo de españoles residentes ausentes, el CERA, y cada nacionalizado por la ley de nietos que reside en el extranjero entra en él. Iustitia Europa y Vox recurrieron ante el Tribunal Supremo con el argumento de que la instrucción de 2022 permitió nacionalizar a personas que no cumplían la ley y que eso podía alterar el resultado electoral. El 10 de septiembre de 2026, el Supremo suspendió de forma cautelar la inscripción en el censo de esos nacionalizados y ordenó revisar los expedientes para separar los que estaban bien concedidos.

La Administración alegó que era materialmente imposible examinar unos 170.000 expedientes antes de las elecciones, y la Abogacía del Estado y la Fiscalía pidieron levantar la medida. El 12 de octubre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo la mantuvo, con cinco votos a favor y un voto particular. El tribunal sostuvo que debe prevalecer la veracidad del censo sobre el interés de cada ciudadano y reprochó a la Abogacía no haber aportado datos que justificaran el cambio. La decisión deja sin voto el 29 de noviembre, salvo que se acredite su condición antes de esa fecha, a 163.020 personas que ya son españolas a todos los demás efectos. Vox pidió además a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral que acreditaran qué habían hecho para cumplirla.

El caso enfrenta dos principios que el derecho electoral suele dar por compatibles. Por un lado, el derecho de sufragio de quien es nacional, que la Constitución vincula a la nacionalidad y no a la residencia. Por otro, la exactitud del censo, que es la base de la igualdad del voto: un censo inflado o mal construido abarata el voto de los demás. La pregunta de fondo, si el voto exterior debe tener el mismo peso cuando la comunidad de españoles en el extranjero se ha ampliado por una vía administrativa en tan poco tiempo, ya la planteaba la reforma del voto rogado, y la ley de nietos la ha hecho más grande.

Nacionalidad – El voto rogado y el voto desde el extranjero – La Junta Electoral Central – Tardofranquismo – Voto igualitario