La crisis del campo español

El 14 de octubre de 2026, un millar de agricultores y 87 tractores recorrieron Barcelona hasta la plaza de Sant Jaume con el lema «Sin agricultura, ni país ni futuro». Convocaba Unió de Pagesos, con el apoyo de Asaja Cataluña, las cooperativas agrarias catalanas y Revolta Pagesa, y la marcha cortó el paseo de Gràcia y la Via Laietana durante más de cuatro horas. Los organizadores esperaban unos doscientos tractores, y muchos agricultores llegaron en autobús o en coche desde nueve puntos de salida; los de Amposta salieron a las cinco de la mañana. Pedían ayudas directas para las explotaciones profesionales, el mínimo de impuestos permitido sobre ese gasóleo, un IVA reducido para la producción agraria, tarifas eléctricas propias para el regadío, que se etiquete bien el origen de los productos y que se persigan los abusos en la cadena alimentaria y las importaciones que no cumplen las normas europeas. Es el cuarto año seguido de tractoradas en España y en Europa, y las quejas apenas cambian. Vienen de setenta años de cambios que han dejado un sector pequeño, envejecido y cada vez más enfadado.

Los datos de partida están en el Censo Agrario. En 2020 quedaban en España 914.871 explotaciones, un 7,6% menos que en 2009, y la mano de obra había bajado otro 7,7%. La superficie agraria casi no cambió, 23,9 millones de hectáreas, de modo que la explotación media creció un 7,4%, hasta las 26 hectáreas. Desaparecen las explotaciones pequeñas y medianas y crecen las grandes. El dato más preocupante es la edad: los titulares tienen de media unos 62 años, y en buena parte del país nadie sabe quién se hará cargo de la explotación cuando se jubilen. El sector primario supone el 2,5% del PIB y el 3,4% del empleo, unas 680.000 personas a tiempo completo; con la industria alimentaria, el conjunto se acerca al 9% de la economía. España sigue siendo una potencia exportadora, primer productor y exportador mundial de aceite de oliva y gran proveedor de fruta y verdura de Europa, pero cada vez con menos gente trabajando cada vez más hectáreas.

Se llegó hasta aquí en tres etapas. La primera fue el éxodo rural. Entre 1950 y 1975, millones de personas dejaron los pueblos por las ciudades y la costa, en una de las migraciones internas más rápidas de la Europa de posguerra. Las empujaban la mecanización del campo, el desarrollismo y unos sueldos industriales que doblaban el jornal agrícola. Los pueblos perdieron a su gente antes de que bajara la producción. La segunda etapa fue la entrada en la CEE en 1986. España pasó a recibir más de lo que aportaba a la Política Agraria Común, y las ayudas modernizaron las explotaciones y, a la vez, las hicieron dependientes de las ayudas directas. Para 2023-2027, el plan estratégico de la PAC asigna a España más de 47.700 millones de euros, y unos 630.000 agricultores y ganaderos cobran ayudas. Para muchos, la PAC pesa en sus ingresos tanto como lo que venden. La tercera etapa tiene que ver con la cadena de valor. El agricultor vende solo frente a cooperativas, industrias y grandes cadenas de distribución muy concentradas, y la distancia entre lo que cobra y lo que paga el consumidor es ahora el centro de las protestas. La ley de la cadena alimentaria, reformada en diciembre de 2021 para trasponer una directiva europea, prohíbe pagar al productor por debajo de su coste de producción y obliga a firmar contrato por escrito. Lo que piden los agricultores en 2026 es, sobre todo, que se cumpla.

No todo el campo está igual. Protestan el cereal de secano de las dos Castillas, el olivar andaluz, el viñedo con precios por los suelos, la fruta mediterránea, que sufre por el agua y por la competencia, y la ganadería extensiva del interior. Ese mapa coincide casi punto por punto con el de la España vaciada. De los 8.132 municipios del país, el 16,7% tiene menos de cien habitantes y casi cinco mil no llegan a mil. La expresión se popularizó con La España vacía, el libro de Sergio del Molino de 2016. Los historiadores económicos, como Fernando Collantes y Vicente Pinilla, matizan esa imagen: el interior nunca estuvo poblado de forma uniforme, y la despoblación actual es la última fase de un proceso que empezó en 1950. Según los investigadores que acuñaron el nombre, la Serranía Celtibérica, entre Soria, Teruel, Guadalajara y Cuenca, es la zona menos poblada de la Unión Europea fuera de los países nórdicos. De ese territorio salieron Teruel Existe y las plataformas de 2019, y de ahí viene buena parte del malestar que hoy se expresa con tractores.

En el otoño de 2026 no hay sequía: los embalses están al 57,8%, por encima de la media de la década, aunque el Ebro se queda en el 45%. Es una crisis de márgenes. Según las organizaciones agrarias, los costes han subido un 30% y la mano de obra un 40%, mientras el cereal ha pasado de 160 a 200 euros la tonelada y la ternera se paga a seis euros el kilo, subidas que no alcanzan para cubrirlos. Y es una crisis de relevo: con titulares de 62 años de media y sin nadie que los sustituya, cada jubilación cierra una explotación que nadie vuelve a abrir, y los campos se convierten en monte o pasan a manos de grandes explotaciones. Un sector que da trabajo al 3,4% de la población activa ha sido capaz de colapsar capitales europeas con sus tractores tres años seguidos.

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