Los manuscritos del mar Muerto y el monopolio de cuarenta años

En el invierno de 1946 o principios de 1947 (la fecha exacta se discute porque el relato se reconstruyó años después de boca de los propios protagonistas), un joven pastor beduino de la tribu taamireh, conocido en la mayoría de los relatos como Muhammed edh-Dhib, buscaba una cabra extraviada entre los acantilados cercanos a Qumrán, junto al mar Muerto, y lanzó una piedra dentro de una grieta en la roca para hacer salir al animal. El sonido de algo rompiéndose le hizo entrar a investigar: encontró una cueva con varias vasijas de cerámica alargadas, y dentro de ellas, envueltos en lino, rollos de piel y papiro cubiertos de escritura hebrea y aramea. Edh-Dhib y sus compañeros vendieron los primeros rollos a un comerciante de antigüedades de Belén, Kando, sin que nadie midiera entonces la magnitud real del hallazgo: eran los manuscritos bíblicos y extrabíblicos más antiguos jamás encontrados, copiados por la comunidad de Qumrán (generalmente identificada con los esenios) entre el siglo III a. C. y el año 68 d. C., cuando el asentamiento fue destruido durante la primera guerra judeo-romana.

El académico estadounidense John Trever, del Colegio Americano de Investigaciones Orientales en Jerusalén, fue de los primeros occidentales en examinar los rollos y en reconocer, al desenrollar con cuidado el que resultaría ser un texto casi completo del libro de Isaías, que la escritura era mucho más antigua que cualquier manuscrito bíblico hebreo conocido hasta entonces (los textos masoréticos más antiguos databan de la Edad Media). Entre 1947 y 1956 se localizaron once cuevas en la zona con restos de manuscritos, la mayoría fragmentos diminutos que había que reconstruir como un rompecabezas de miles de piezas: en total, unos novecientos documentos distintos, entre copias de prácticamente todos los libros del Antiguo Testamento hebreo (salvo el de Ester), textos apócrifos y reglas internas propias de la comunidad que los custodiaba.

Lo que debía ser un triunfo compartido de la arqueología bíblica se convirtió, en cambio, en una de las controversias académicas más prolongadas del siglo XX. Jordania, que controlaba Jerusalén Oriental y Cisjordania (incluida Qumrán) tras la guerra de 1948, encargó el estudio y la publicación de los fragmentos a un reducido equipo internacional dirigido inicialmente por el dominico Roland de Vaux, que repartió los manuscritos entre apenas un puñado de estudiosos, casi todos ellos cristianos, con derechos de publicación exclusivos y sin plazo fijado. El equipo original, formado en los años cincuenta, no incorporó a ningún especialista judío, una decisión que reflejaba tanto la política regional del momento como los equilibrios internos de la arqueología bíblica de posguerra, y que generaría décadas después acusaciones explícitas de sesgo confesional en la selección de quién podía estudiar unos textos centrales para el judaísmo.

Durante los siguientes cuarenta años, el acceso a los miles de fragmentos no publicados quedó restringido casi en exclusiva a ese pequeño círculo original y a sus discípulos directos, mientras el resto de la comunidad académica mundial dependía de fotografías de mala calidad y de los retrasos sucesivos de un equipo cada vez más reducido por jubilaciones y fallecimientos sin reemplazo adecuado. La situación, bautizada por la prensa como «el monopolio de los manuscritos», generó protestas públicas crecientes a partir de los años setenta y ochenta, con cartas abiertas de biblistas destacados y artículos de denuncia en revistas como Biblical Archaeology Review, dirigida por Hershel Shanks, que se convirtió en el altavoz más persistente contra el bloqueo. El desenlace llegó por una vía casi accidental: en 1991, la Biblioteca Huntington de California, que poseía un juego completo de fotografías de seguridad de todos los fragmentos sin restricción contractual sobre su uso, anunció que las haría públicas sin pedir permiso al equipo editorial, forzando de facto la apertura total del material a cualquier investigador del mundo.

El episodio se estudia hoy en la historia de la disciplina como un caso de manual sobre los riesgos de concentrar el acceso a una fuente arqueológica única en manos de un grupo cerrado: no hubo falsificación ni fraude en el sentido de Piltdown o Glozel, pero sí una gestión institucional que retrasó durante dos generaciones el estudio de uno de los conjuntos documentales más importantes jamás hallados, por razones que tenían más que ver con el control académico y la política religiosa de la posguerra que con la dificultad técnica real de editar los textos.