El conflicto de Ceuta

El conflicto de Ceuta es la disputa entre España y Marruecos por esta ciudad española del norte de África, y por la frontera de unos ocho kilómetros que la separa de Marruecos. En realidad son dos conflictos que se cruzan. Uno es el de la soberanía: Marruecos reclama Ceuta, igual que Melilla, desde que se independizó en 1956, y España responde que la ciudad es española desde antes de que existiera el Estado marroquí moderno. El otro es el de la frontera: desde los años noventa, la valla y los espigones de Ceuta son una de las pocas fronteras terrestres entre la Unión Europea y África, y el control de quién llega a ella se ha convertido en una forma de presión entre los dos países. La crisis del verano de 2026, con unas 72.000 entradas en dos días, ha sido el episodio más grave de los dos conflictos a la vez.

Ceuta ocupa unos 18,5 kilómetros cuadrados en la orilla africana del estrecho de Gibraltar y tiene algo más de ochenta mil habitantes, con una población de origen cristiano y otra musulmana de tamaño parecido, además de pequeñas comunidades hebrea e hindú. Desde 1995 es una ciudad autónoma, con un estatuto aprobado por ley orgánica. Su historia como plaza europea empieza en 1415, cuando la conquistó Juan I de Portugal; fue la primera posesión portuguesa en África. Cuando Portugal recuperó su independencia en 1640, Ceuta se quedó con la corona española, y el tratado de Lisboa de 1668 lo reconoció. Después vinieron siglos de vida como plaza fuerte, con un asedio del sultán Mulay Ismail que duró, con intermitencias, de 1694 a 1727.

Los límites actuales de la ciudad salen de una guerra. Tras la guerra de África de 1859 y 1860, el tratado de Wad-Ras obligó a Marruecos a ampliar el término de Ceuta hasta las alturas de sierra Bullones, que es más o menos la frontera de hoy. Durante el protectorado español en el norte de Marruecos, entre 1912 y 1956, Ceuta dejó de ser frontera en la práctica: era el puerto de entrada a una zona bajo control español. La independencia marroquí lo cambió todo. Desde entonces Rabat considera Ceuta y Melilla, junto a los peñones de Vélez y Alhucemas, las islas Chafarinas y el islote de Perejil, territorios ocupados que deben volver a Marruecos. España sostiene lo contrario con tres argumentos: la ciudad era portuguesa y luego española mucho antes de que naciera el Marruecos independiente de 1956, sus habitantes son ciudadanos españoles que no quieren dejar de serlo, y Naciones Unidas nunca la ha incluido en su lista de territorios pendientes de descolonización. El choque más serio por la soberanía fue en julio de 2002, cuando gendarmes marroquíes ocuparon Perejil y el ejército español los desalojó una semana después.

La frontera como problema migratorio es mucho más reciente. España empezó a levantar la valla de Ceuta en 1993, y la elevó a seis metros después de los intentos de entrada de 2005, que dejaron varios muertos. En febrero de 2014 murieron quince personas que intentaban llegar a nado a la playa del Tarajal mientras la Guardia Civil disparaba pelotas de goma al agua. Al año siguiente, la ley de seguridad ciudadana legalizó el «rechazo en frontera», las llamadas devoluciones en caliente de quien salta la valla, y en 2020 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo aceptó en un caso de Melilla. Durante décadas, además, la frontera vivió del llamado comercio atípico: miles de porteadoras cruzaban cada día a pie cargadas con fardos de mercancía que pasaban a Marruecos sin aranceles. Marruecos lo cortó en octubre de 2019, cerró la frontera en marzo de 2020 con la pandemia, y cuando la reabrió en 2022 el comercio atípico no volvió.

La frontera también se ha usado como palanca diplomática. En mayo de 2021, después de que España acogiera para tratarlo de covid a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, entre ocho y diez mil personas entraron en Ceuta en dos días, muchas de ellas menores, mientras los agentes marroquíes se apartaban. El Parlamento Europeo aprobó una resolución que rechazaba el uso de menores para presionar a España. La crisis se cerró en marzo de 2022, cuando Pedro Sánchez escribió al rey Mohamed VI que el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental era la base «más seria, realista y creíble» para resolver ese conflicto, un giro en la posición española de casi medio siglo.

La crisis de 2026 empezó despacio. En julio aumentaron las llegadas a nado, y el 8 de julio el Tribunal Supremo resolvió que el rechazo en frontera no se puede aplicar a quien es interceptado en el mar intentando entrar nadando. En redes sociales la sentencia circuló como «si entras nadando, no pueden devolverte», junto a mensajes falsos sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes que España acababa de cerrar. El 30 y el 31 de julio, según el Ministerio del Interior, unas 72.000 personas entraron en Ceuta, la mayoría marroquíes jóvenes que rodearon a pie el espigón del Tarajal o llegaron a nado; Marruecos reconoció unas 40.000. Casi todas volvieron en pocos días, al ver que desde Ceuta no se podía seguir hacia la península. Murieron decenas de personas, la mayoría ahogadas: el 1 de agosto Interior contaba 67 muertos, y las ONG marroquíes elevaron la cifra a 141 a ambos lados de la frontera. En Ceuta se recuperaron 88 cuerpos. Marruecos no aceptó repatriar los identificados, y se enterraron en el cementerio musulmán de Sidi Embarek.

Lo que se discute desde entonces es el papel de Marruecos. Sánchez calificó la entrada de «violación de la integridad territorial de España», pero atribuyó la movilización a redes de tráfico de personas y repitió que no había «pruebas sólidas» contra el Gobierno marroquí, al que agradeció su colaboración en los retornos. Los informes policiales dicen otra cosa. El del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras describe agentes marroquíes, uniformados y de paisano, que indicaban a la gente por dónde entrar en el agua, y la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón abrió una investigación por un ataque a la integridad territorial de España. Marruecos lo niega, culpa a las redes de tráfico y a la sentencia del Supremo, y su ministro de Justicia dijo que su país no quiere ser el «gendarme» de Europa. En septiembre, el Parlamento Europeo calificó la instrumentalización de la migración como una herramienta de guerra híbrida. El 12 de octubre se supo, y Sánchez lo confirmó, que una fragata y varias patrulleras marroquíes habían entrado sin permiso en las aguas españolas de Ceuta durante esos mismos días, y que la Armada envió fragatas para hacerlas salir.

En la ciudad quedaron miles de personas, entre cinco mil y doce mil según quién las contara, de ellas más de mil cuatrocientos menores, muchos procedentes ya no de Marruecos sino del Sahel y del África subsahariana. Hubo campamentos en las playas, centros de acogida desbordados y semanas de violencia en las dos direcciones. Grupos de migrantes apedrearon a patrullas militares y en Benzú hirieron a cuatro soldados. Vecinos quemaron campamentos de migrantes, un niño marroquí de ocho años recibió un disparo de perdigones en la cabeza y a dos migrantes les cortaron las orejas. Periodistas y ceutíes musulmanes fueron increpados o agredidos porque los confundieron con recién llegados. Las comunidades cristiana, musulmana, hebrea e hindú se manifestaron juntas bajo el lema «Basta ya. Ceuta no se rinde», mientras Vox y otros dirigentes hablaban de «invasión». En septiembre, elDiario.es publicó testimonios y vídeos de soldados golpeando y robando a migrantes, Amnistía Internacional reunió veintidós testimonios que atribuían esas agresiones sobre todo a unidades de Regulares y de la Legión, y el Ministerio de Defensa llevó el caso a la Fiscalía.

La crisis tuvo también consecuencias fuera de Ceuta. Italia restableció controles en sus fronteras con España durante semanas, y España respondió con la misma medida. El Gobierno aprobó un plan de 309 millones de euros para la ciudad, cerca del 16% de su producto interior bruto, después de que la Cámara de Comercio calculara pérdidas de 33 millones. El 13 de octubre, Felipe VI y la reina Letizia visitaron Ceuta, la primera visita oficial del rey desde su proclamación en 2014, y rindieron homenaje a los muertos en el cementerio de Sidi Embarek. La seguridad de la frontera sigue dependiendo en buena parte de la policía marroquí. El Gobierno sostiene que la cooperación con Rabat, con el giro sobre el Sáhara incluido, es lo que permitió que casi todos volvieran en pocos días; el PP y parte de los socios del Gobierno creen que ha dejado a España a merced de Marruecos. Marruecos, entretanto, no ha renunciado a reclamar la ciudad.

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