La huella genética entró en los tribunales por un caso que casi siempre se cuenta al revés. La versión habitual dice que en 1987 la policía de Leicestershire atrapó por primera vez a un asesino gracias al ADN. Es verdad solo a medias. La primera cosa que hizo la prueba genética en un caso criminal fue demostrar que el hombre que había confesado un asesinato era inocente. Y al culpable, Colin Pitchfork, no lo encontró el análisis masivo de sangre en que se basa la leyenda, sino una conversación en un bar.
El 21 de noviembre de 1983 una chica de quince años, Lynda Mann, no volvió a casa en Narborough, un pueblo al sur de Leicester. Su cuerpo apareció al día siguiente junto a un sendero, el Black Pad. La habían violado y estrangulado. Los análisis serológicos del semen, lo único que podía hacerse entonces, indicaron que el agresor tenía sangre del grupo A y un tipo concreto de una enzima, una combinación que compartía aproximadamente uno de cada diez hombres. No había más pistas. El 31 de julio de 1986 otra chica de quince años, Dawn Ashworth, desapareció en el pueblo vecino de Enderby, y apareció muerta dos días después con las mismas señales.
Para entonces la policía tenía un sospechoso. Richard Buckland, un pinche de cocina de diecisiete años con dificultades de aprendizaje, sabía detalles del crimen de Enderby y acabó confesando la muerte de Dawn Ashworth en un interrogatorio. Pero se negaba a admitir la de Lynda Mann, y los investigadores estaban convencidos de que era el mismo hombre. A unos kilómetros, en la Universidad de Leicester, trabajaba un genetista que acababa de hacerse célebre. El 10 de septiembre de 1984 Alec Jeffreys había revelado una radiografía de ADN y había visto que ciertas regiones repetitivas del genoma, los minisatélites, producían un patrón de bandas distinto en cada persona. Lo llamó huella genética, y en 1985 publicó dos artículos en Nature y otro con el Servicio de Ciencia Forense sobre su aplicación a manchas biológicas. La policía le pidió que comparara el ADN de Buckland con las muestras de los dos crímenes.

El resultado fue doble y desconcertante. Las dos muestras de semen procedían del mismo hombre, como creía la policía. Y ese hombre no era Richard Buckland. Jeffreys repitió la prueba y el Servicio de Ciencia Forense la confirmó. En noviembre de 1986 Buckland quedó libre, el primer acusado de la historia al que exculpó una prueba de ADN. Su confesión, obtenida de un chico vulnerable que quería complacer a quien lo interrogaba, era falsa. Si el caso hubiera ocurrido tres años antes, probablemente habría pasado su vida en la cárcel por un crimen que no cometió.
Sin sospechoso, la policía hizo algo que no se había hecho nunca. En enero de 1987 pidió a todos los hombres nacidos entre 1953 y 1970 que vivían o trabajaban en Narborough, Enderby y Littlethorpe que dieran voluntariamente una muestra de sangre y saliva. Se tomaron unas cinco mil. Primero se descartaba a quienes no tenían el grupo sanguíneo del agresor, y solo el diez por ciento restante pasaba al análisis de ADN, que era caro y lento. Durante meses no dio ningún resultado. Colin Pitchfork, un panadero casado de veintisiete años, con condenas anteriores por exhibicionismo, había convencido a un compañero de trabajo, Ian Kelly, de que diera la muestra en su lugar con un pasaporte manipulado. Le dijo que temía que la policía lo acosara por sus antecedentes.
En agosto de 1987 Kelly lo contó en un pub de Leicester. Una mujer que lo oyó avisó a la policía semanas después. Pitchfork fue detenido el 19 de septiembre de 1987, confesó los dos asesinatos y su ADN coincidió con el de las muestras. El 22 de enero de 1988 se declaró culpable ante el tribunal de la Corona de Leicester y fue condenado a cadena perpetua. Kelly recibió una pena de prisión suspendida por obstrucción a la justicia. Lo que atrapó a Pitchfork, por tanto, fue la presión del cribado, que le obligó a arriesgarse con un engaño, y un testimonio humano; el ADN lo confirmó.
Lo que vino después interesa tanto como el caso. En 1989, en un juicio por asesinato en Nueva York, People contra Castro, los propios expertos de la acusación admitieron que el laboratorio privado que había hecho el análisis había interpretado bandas ambiguas a su favor, y el matemático Eric Lander publicó en Nature una crítica demoledora de los controles de calidad. Empezaron las llamadas guerras del ADN, que obligaron a fijar estándares de laboratorio y métodos estadísticos. Los tribunales tuvieron que aprender además a no caer en la falacia del fiscal, que confunde la probabilidad de que un inocente coincida por azar con un perfil con la probabilidad de que el acusado sea inocente. En Inglaterra el Tribunal de Apelación anuló condenas por ese error en los noventa, y en R contra Adams, en 1996, advirtió contra pedir a un jurado que hiciera cálculos bayesianos.
La otra consecuencia fue la base de datos. En 1995 el Reino Unido creó la primera base de datos nacional de perfiles genéticos del mundo, y durante años guardó los de cualquier persona detenida, aunque no fuera acusada o resultara absuelta. En 2008 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró, en el caso S. y Marper, que esa conservación indiscriminada violaba el derecho a la vida privada. España regula la suya desde 2007 con una ley orgánica que limita la inscripción a delitos graves y obliga a borrar los perfiles cuando se archiva la causa o prescribe el delito. El caso de Leicestershire contiene así, en pequeño, las dos caras que tiene todavía la prueba genética: una herramienta formidable para corregir errores judiciales, que desde entonces ha exculpado a cientos de condenados, y una forma de vigilancia que pide límites.
Colin Pitchfork salió en libertad condicional en septiembre de 2021, fue devuelto a prisión dos meses después por incumplir las condiciones, y la junta de libertad condicional le denegó una nueva salida en octubre de 2025. El caso de Richard Buckland, el primer inocente que salvó el ADN, enseña lo mismo que enseñó el de Cuenca sesenta años antes, con una diferencia: esta vez hubo una prueba capaz de desmentir la confesión antes de la condena.
El crimen de Cuenca – El caso Dreyfus y el bordereau – Estadística bayesiana – Probabilidad condicionada – Prueba pericial – Tecnología genética – Las falsas memorias de Elizabeth Loftus
Fuentes
- Alec J. Jeffreys, Victoria Wilson y Swee Lay TheinHypervariable 'minisatellite' regions in human DNANature, 314, 67-731985enlace
- Alec J. Jeffreys, Victoria Wilson y Swee Lay TheinIndividual-specific 'fingerprints' of human DNANature, 316, 76-791985enlace
- Peter Gill, Alec J. Jeffreys y David J. WerrettForensic application of DNA 'fingerprints'Nature, 318, 577-5791985enlace
- Joseph WambaughThe BloodingWilliam Morrow, Nueva York1989
- Eric S. LanderDNA fingerprinting on trialNature, 339, 501-5051989enlace
- William C. Thompson y Edward L. SchumannInterpretation of statistical evidence in criminal trials: The prosecutor's fallacy and the defense attorney's fallacyLaw and Human Behavior, 11(3), 167-1871987enlace
- Michael Lynch y Sheila JasanoffContested Identities: Science, Law and Forensic PracticeSocial Studies of Science, 28(5-6), 675-6861998enlace
- Court of Appeal (Criminal Division)R v Adams [1996] 2 Cr App R 467Londres1996
- Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Gran Sala)S. y Marper contra Reino Unido, demandas 30562/04 y 30566/04, sentencia de 4 de diciembre de 2008Estrasburgo2008
- Ley Orgánica 10/2007Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADNBoletín Oficial del Estado, 9 de octubre de 20072007enlace
- Parole Board for England and WalesColin Pitchfork: decision summaryLondres, octubre de 20252025