El índice de precios al consumo

El índice de precios al consumo mide la variación de los precios de una cesta fija de bienes y servicios representativa del gasto de los hogares de un país. No mide el nivel de precios ni el coste de la vida: mide cuánto costaría hoy comprar lo mismo que se compraba en el periodo de referencia. Esa restricción —lo mismo— es la fuente de casi todas las discusiones técnicas sobre el índice y de casi todas las quejas del público.

La construcción tiene tres piezas. La primera es la cesta: una lista de artículos, en España varios cientos agrupados en doce grandes rúbricas, escogidos por su peso en el gasto. La segunda son las ponderaciones, que se obtienen de la encuesta de presupuestos familiares y determinan cuánto pesa cada artículo en el total; el pan cuenta menos que el alquiler porque el hogar medio gasta menos en pan. La tercera es la recogida de precios, que consiste en visitar cada mes miles de establecimientos y anotar el precio del mismo artículo en el mismo sitio, y que cada vez más se completa con datos de caja de las cadenas y con recogida automática de precios en internet.

De ahí sale el primer motivo por el que el índice y la experiencia del consumidor divergen. El índice mide la variación del gasto de un hogar medio que no existe. Un hogar joven de alquiler en una ciudad grande, sin coche y con hijos pequeños, tiene una cesta muy distinta de la de un jubilado propietario en un municipio pequeño; cuando los alquileres suben mucho más que la media y los productos electrónicos bajan, el primero experimenta una inflación superior a la publicada y el segundo inferior, y los dos tienen razón. Varios institutos de estadística publican por eso índices por grupos de hogares, y la evidencia disponible apunta con bastante consistencia a que la inflación efectiva es mayor para los hogares de renta baja, porque su gasto se concentra en alimentos, energía y vivienda. Xavier Jaravel documentó en 2019 un mecanismo adicional en el comercio minorista estadounidense: la innovación de productos se concentra en los segmentos que compran los hogares de renta alta, y el aumento de variedad y competencia en esos segmentos frena sus precios, de modo que la inflación medida fue sistemáticamente menor para los ricos entre 2004 y 2015.

El segundo motivo es la vivienda, y es el que provoca más desconcierto. El índice recoge el alquiler que pagan los inquilinos, pero no recoge el precio de compra de la vivienda, porque adquirir un piso se considera inversión y no consumo. Lo que hace, en el marco europeo del IPC armonizado, es excluir directamente la vivienda en propiedad, y en otros sistemas —el estadounidense— imputar un alquiler equivalente al propietario. Ninguna de las dos opciones es un error: son decisiones sobre qué se está midiendo. La consecuencia es que en un país donde el precio de la vivienda se dispara y los alquileres suben menos, el índice puede quedarse muy por debajo del encarecimiento que la gente percibe, sin que nadie haya manipulado nada.

El tercer problema es el que abrió la discusión académica más importante sobre el índice, la de la comisión Boskin. En 1996, una comisión encargada por el Senado estadounidense y presidida por Michael Boskin concluyó que el IPC de Estados Unidos sobrestimaba el aumento del coste de la vida en aproximadamente 1,1 puntos anuales, y desglosó cuatro causas: el sesgo de sustitución, porque los consumidores compran menos de lo que se encarece y la cesta fija no lo refleja; el sesgo de nuevos productos, porque un artículo entra en la cesta con años de retraso, cuando su precio ya ha caído; el sesgo de nuevos establecimientos, por el desplazamiento del gasto a comercios más baratos; y el sesgo de calidad, porque cuando un producto mejora, parte de su subida de precio no es inflación sino un producto distinto. La cifra fue muy discutida y una revisión posterior de la Academia Nacional de Ciencias en 2002 la consideró plausible en su dirección pero mal fundamentada en su magnitud. La consecuencia práctica fue metodológica: encadenamiento de índices, actualización más frecuente de la cesta y ajuste hedónico de la calidad.

El ajuste hedónico es donde se concentra la sospecha del público, y conviene entender qué hace exactamente. Si un ordenador cuesta lo mismo que el año pasado pero tiene el doble de memoria, el método estima estadísticamente qué parte del precio corresponde a cada característica y concluye que el precio por unidad de producto ha bajado. Es defendible: comprar lo mismo es más barato. Y es discutible por dos razones honestas: que el consumidor a menudo no puede comprar la versión antigua más barata, porque ya no se fabrica, y que las mejoras de calidad no siempre se disfrutan —un coche con más sistemas de seguridad obligatorios es mejor coche, pero el comprador no eligió pagarlos—. El ajuste se aplica a una fracción pequeña de la cesta, casi toda tecnología, y su efecto agregado es modesto; su efecto sobre la credibilidad del índice es grande.

Todo esto importa porque el IPC no es un dato ornamental: de él dependen la actualización de pensiones y de salarios, la revisión de alquileres, la deuda indexada y la política monetaria. Un sesgo persistente de unas décimas se acumula durante décadas en billones. Por eso conviene la posición que el propio manual internacional del índice recomienda y que rara vez aparece en la prensa: el IPC es un buen indicador de la variación de precios de una cesta constante, es un indicador imperfecto del coste de la vida, y no es en absoluto un indicador de la inflación que experimenta ningún hogar concreto.